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Redacción. Madrid El pasado martes el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, avisaba de que el Consejo de Estado había redactado un dictamen sobre la inconstitucionalidad del euro por receta (referido al catalán, pero posiblemente aplicable al madrileño) y ahora los lectores de Redacción Médica pueden constatar que este informe entiende que “las previsiones de la Ley catalana pueden provocar una ruptura de la exigencia constitucional de que el acceso a las prestaciones farmacéuticas se produzca en condiciones de igualdad en todo el territorio del Estado, vulnerándose con ello la competencia estatal consagrada en el mencionado artículo 149.1.1ª de la Constitución. En consecuencia, procede a la impugnación del artículo 41 de la Ley 5/2012”, la catalana de medidas fiscales, financieras y administrativas y de creación del Impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos.
También destaca en el texto de este dictamen que "no se reprocha una eventual falta de competencia de la Generalidad para el establecimiento de tributos propios, pues no cabe cuestionar la potestad tributaria de las Comunidades Autónomas, sino el hecho de que la instauración de esta tasa pueda, como consecuencia del ámbito sobre el que se proyecta, vulnerar el orden constitucional de competencias y, en particular, lo dispuesto en el artículo 149.1.16 de la Constitución, que establece la competencia exclusiva del Estado sobre las bases y coordinación general de la sanidad y la legislación sobre productos farmacéuticos". Asimismo menciona un informe de la Abogacía del Estado (encargado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad), que indica que, "aun cuando el referido precepto autonómico no regula de manera directa los precios de los medicamentos ni modifica su cuantía, sí introduce una alteración considerable en la financiación de los mismos, al exigir 1 euro por receta u orden de dispensación despachadas en cada oficina de farmacia. En la medida en que ello afecta a la financiación de los medicamentos dentro del Sistema Nacional de Salud, se considera que la Generalidad de Cataluña está invadiendo una competencia que corresponde al Estado con carácter exclusivo, lo que a su vez determina una vulneración del artículo 149.1ª.1 de la Constitución". Hay que recordar que el Consejo de Estado, precisamente presidido ahora por el exministro de Sanidad José Manuel Romay Beccaria, es un órgano consultivo del Gobierno, y que sus dictámenes no son vinculantes. En cualquier caso, como comentamos al comienzo de la información, el Gobierno de Rajoy esperaba con especial interés este dictamen, como hizo ver Montoro a comienzos de esta semana, para "que se elimine esta tasa cuanto antes y, a partir de ello, no será aplicable en ninguna comunidad autónoma". Tanto el presidente Rajoy, como los ministros Mato y Montoro, y la vicepresidenta Sáenz de Santamaría han mostrado en público su desacuerdo con el euro por receta, y aunque no han recurrido la medida ante el Tribunal Constitucional (hasta ahora han preferido la vía del diálogo entre Administraciones) siempre han pronunciado abiertamente en público sus dudas respecto a la constitucionalidad de la tasa. |
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