La colaboración público-privada se expresa en forma de conciertos, fundaciones o consorcios



3 nov. 2013 18:04H
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Javier Barbado. Madrid
Desde la primera mitad de los 90 hasta el año 2011 numerosos hospitales han adoptado nuevas fórmulas de gestión. Sean de naturaleza pública o público-privada, la cuestión reside en que rompen con el modelo estático del Derecho administrativo instalado en el Sistema Nacional de Salud (SNS) desde su fundación en 1986, y, en su lugar, adoptan variaciones que proporcionan algo más de margen de maniobra a sus directivos. De todos los probados en España, el de concesión administrativa obedece a la fórmula que más capacidad gestora traslada a una entidad privada, la cual aporta capital y recibe a cambio un canon per cápita en función del número de pacientes que atiende.

Alberto de Rosa, director general de Ribera Salud, concesionaria de varios centros en Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid; Juan Antonio Álvaro de la Parra, director regional de idcsalud en Madrid, que mantiene conciertos con el Servicio Madrileño de Salud (Sermas); Modoaldo Garrido, gerente del Hospital Fundación Alcorcón, primera fundación hospitalaria en esta comunidad autónoma en los años 90; y Alfonso Gámez Poveda, gerente de la Agencia Pública Sanitaria Costa del Sol de Málaga, primer centro en España en adoptar una fórmula de gestión indirecta en 1994.

De hecho, los últimos datos disponibles del Ministerio de Sanidad (de 2011) revelan que el 66,15 por ciento de los hospitales funciona con un modelo de gestión alternativo a la tradicional. En concreto, casi trescientos hospitales –299– han adoptado en España fórmulas jurídicas de dependencia funcional diferentes a la gestión pública directa, y lo han hecho a partir de diversos modelos contemplados en la legislación vigente formalizada en 1997.

De los 452 hospitales que contabiliza el Ministerio de Sanidad en 2011, 153 se rigen por el modelo de gestión pública clásico (el que aplicaba el extinto Instituto Nacional de la Salud –Insalud, creado en 1978– con cada centro antes de que se transfirieran las competencias en Sanidad a las comunidades autónomas) y, el resto, lo hacen por otras fórmulas.

59 empresas públicas, 14 fundaciones y 32 consorcios

Para ser precisos, 62 centros han adoptado la fórmula de ente público; 59 son empresas públicas; 14 son fundaciones públicas; 32 son consorcios (la mayor parte de los cuales se ubica en Cataluña, que fue la primera autonomía en asumir las competencias sanitarias en 1981 y dispone de un modelo organizativo muy peculiar basado en el concierto público-privado);  nueve han optado por la concesión (la administrativa o “modelo Alzira”, así llamado por el hospital pionero en su implantación en la Comunidad Valenciana, y que después ha proliferado en la Comunidad de Madrid –si exceptuamos los actuales proyectos, pendientes de que se resuelvan recursos interpuestos en los tribunales, se ha instaurado esa fórmula en el Hospital de Valdemoro, el de Torrejón de Ardoz y el  Rey Juan Carlos de Móstoles–); cuatro se han conformado en forma de cooperativa; 54 como fundaciones privadas; 47 como sociedades mercantiles; una sociedad individual y una comunidad de bienes, y 16 clasificadas como “otras” en el reciente informe publicado por el departamento que encabeza Ana Mato.

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