Javier Leo / Redacción. Madrid Un total de 1.980 facultativos del Sistema Nacional de Salud (SNS) han declarado su intención de recurrir a la objeción de conciencia para atender en sus consultas a los inmigrantes en situación irregular que, desde este sábado, no tienen derecho a la asistencia sanitaria gratuita. Según explica Josep Basora, presidente de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc), entidad impulsora del registro, es imprescindible que el Gobierno dé marcha atrás en la aplicación de una norma que “vulnera gravemente los principios éticos de beneficencia, justicia y no maleficencia” y que afecta a unos 150.000 ciudadanos.
Semfyc ha recibido el respaldo explícito de la Organización Médica Colegial (OMC), desde donde recuerdan que la atención al paciente está al margen de si éste está en situación legal o illegal, así como la predisposición a colaborar en la iniciativa de las otras dos organizaciones de médicos de Atención Primaria (AP): la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) y la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG). Semergen recuerda que la objeción solo está prevista legalmente ante el aborto En el caso de Semergen, la sociedad presidida por José Luis Llisterri respeta y ofrece asesoramiento jurídico a los socios que quieran objetar, aunque descarta una adhesión colectiva y recuerda que la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios no está prevista legalmente, salvo en el caso de la interrupción voluntaria del embarazo. Por este motivo, “la invocación de la objeción de conciencia que, a título individual, pudiera llevarse a cabo, debería ser resuelta ante los Tribunales de Justicia” y, el médico que se acoja en este caso, “podría incurrir en responsabilidades disciplinarias graves o muy graves”, argumentan. SEMG y los estudiantes de Medicina abogan por la universalidad de la asistencia
Por su parte, el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM) ha manifestado su plena adhesión a la iniciativa de Semfyc (también apoyada por la ONG Médicos del Mundo) alegando que “limitar la asistencia sanitaria de un colectivo como es el de la población inmigrante en situación irregular, no solo atenta contra la moral y conciencia del profesional, sino que también es una medida poco segura en lo relativo a la salud pública y no está basada en ningún tipo de evidencia científico económica”. |