Redacción Médica
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Asistencia a ‘sin papeles’: vía libre en toda España

Canarias se suma a la asistencia universal para todos los inmigrantes irregulares

Jueves, 10 de diciembre de 2015, a las 11:40
Marta Fernández. Madrid
La última comunidad autónoma que quedaba por sumarse a la asistencia sanitaria pública y universal lo ha hecho ya. De este modo, el mapa sanitario español queda completamente configurado y todos los inmigrantes irregulares pueden acceder al sistema, eso sí, con diferentes salvedades dependiendo de cada región.

Jesús Morera.

El consejero de Sanidad canario, Jesús Morera ha anunciado este jueves la entrada en vigor de la orden que regula el acceso al derecho a la asistencia sanitaria de las personas extranjeras en situación administrativa irregular, después de que el Gobierno haya dado luz verde a la orden que recupera la asistencia sanitaria universal.

Morera ha destacado que con esta nueva regulación, “además de recuperar el derecho a una sanidad universal, pública y gratuita para todos los ciudadanos de las islas, la consejería de Sanidad elimina el proceso de tramitación fijado para dar cobertura a las personas extranjeras sin recursos residentes en Canarias creado en el año 2013, como consecuencia de las medidas de austeridad implantadas por el Gobierno central, además de que se simplifican los requisitos que deberán cumplir los beneficiarios”.

La población que podrá tener acceso a la atención sanitaria está formada por aquellos extranjeros que acrediten el cumplimiento de los criterios de inclusión, entre los que figura  no tener derecho a la condición de asegurado ni beneficiario reconocido por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) o, en su caso, el Instituto Social de la Marina (ISM), ni a exportar el derecho a la asistencia sanitaria desde el país de origen, así como no tener suscrito un convenio especial para recibir asistencia.

A estos criterios se añade estar empadronado, con permanencia continuada en uno o varios ayuntamientos de las Islas, con una antigüedad igual o mayor de tres meses; no disponer de ingresos en España o en el país de origen o procedencia, que sean igual o superiores en el cómputo anual a 1,5 veces del valor del IPREM; no estar asegurado en ningún Estado miembro de la UE, EEE o Suiza, en el caso de los nacionales de la UE; y no estar incluido en las situaciones especiales a las que se refiere el art. 1.3 del Real Decreto Ley 16/2012, de 20 abril, ni en las disposiciones adicionales cuarta y quinta del RD 1192/2012, de 3 de agosto, reguladoras de la condición de asegurado y beneficiario.

La asistencia sanitaria a la que tendrán acceso estas personas es la incluida en la cartera común del Sistema Nacional de Salud, esto es, prestaciones de salud pública, atención primaria, atención especializada, atención de urgencia, prestación farmacéutica, prestación ortoprotésica, prestación de productos dietéticos y de transporte sanitario.

Las comunidades socialistas, cercadas por el Gobierno central

Esta cobertura en Canarias se suma a la de otras comunidades socialistas, como Baleares y Comunidad Valenciana que llegó incluso a crear una Ley de Sanidad Universal que ha generado mucha controversia. Y es que, esta ley, ha sido suspendida por el propio Tribunal Constitucional tras un recurso del gobierno central que la consideraba ilegítima por estar fuera de las competencias de una comunidad autónoma. Sin embargo, el gobierno de Ximo Puig ha adelantado que seguirá atendiendo a estas personas.

En el caso de Baleares se repite la misma circunstancia: el Gobierno central ha interpuesto un recurso contencioso administrativo contra la resolución del Servicio de Salud de Baleares, el IbSalut, por la que se presta la asistencia sanitaria a inmigrantes en situación irregular. Aunque, su consejera, Patricia Gómez, al igual que Carmen Montón en la Comunidad Valenciana, ya ha adelantado que se seguirá prestando esta atención.

No en todas las comunidades la asistencia a inmigrantes irregulares es igual: en algunas los requisitos imponen tres meses mínimos de empadronamiento; como en Canarias; mientras que en otras se piden seis, como en Galicia. Otras incluyen especificidades aún más concretas; como Cataluña, donde se exige a los inmigrantes acreditar con documentación o una declaración jurada, que no tienen ingresos suficientes como para pagarse la atención sanitaria privada.

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