14 nov 2018 | Actualizado: 12:25

Andalucía y Asturias atenderán a los parados sin prestación que emigren más de 90 días

Creen que no es una medida de eficiencia y sí un recorte de derechos

Lunes, 13 de enero de 2014, a las 22:08
Redacción. Madrid
Andalucía y el Principado de Asturias han anunciado que garantizarán la asistencia sanitaria a los ciudadanos en desempleo y sin prestación que emigren fuera de su país más de tres meses. Así lo han puesto de manifiestos los titulares de Sanidad de ambas autonomías que se desmarcan de la decisión del Gobierno central de excluir a este colectivo de la cobertura sanitaria por parte del Sistema Nacional de Salud.

María José Sánchez Rubio y Faustino Blanco.

La consejera María José Sánchez Rubio ha destacado que “el sistema sanitario público andaluz atenderá a las personas en situación de desempleo que permanezcan más de tres meses fuera de España y que hayan agotado la prestación”.  “En ningún momento, la Junta de Andalucía se ha planteado abandonar a estas personas que, además de hacer frente a la dolorosa situación de tener que marcharse de su país para buscar empleo, ven ahora peligrar su derecho a la atención sanitaria”, ha añadido. Para Sánchez Rubio, “la exclusión de estas personas de la cobertura pública no es una medida de eficiencia y sí un recorte de derechos que de nuevo ataca a las personas que peor lo están pasando”.

Por su parte, el consejero de Sanidad asturiano ha avanzado que su departamento estudia qué alternativas podrían garantizar esta prestación, dentro de la legalidad vigente. Faustino Blanco, considera que esta decisión del Gobierno del Partido Popular “confirma lo que ha hemos venido diciendo en relación al cambio de modelo de servicio público que ha introducido el Gobierno de Rajoy al dejar de considerar la atención sanitaria como un derecho universal y vincularlo a cotizaciones sociales, con distinta condición, de asegurado o beneficiario, de tal manera que grupos de ciudadanos, como ya ocurrió con los inmigrantes en situación irregular, quedan en una situación de exclusión en el servicio sanitario público, una situación de pérdida de derechos que nos puede retrotraer al modelo de beneficencia”.