Redacción Médica
26 de septiembre de 2018 | Actualizado: Martes a las 21:50
Lunes, 23 de diciembre de 2013, a las 16:07

Redacción. Sevilla
La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha anunciado este lunes que el Ejecutivo andaluz "no descarta ningún instrumento jurídico, incluido el recurso ante el Tribunal Constitucional (TC)" si el Gobierno de la Nación no retira la reforma de la Ley del Aborto anunciada el pasado viernes en el Consejo de Ministros.

La presidenta andaluza Susana Díaz y la consejera de Bienestar Social, Salud e Igualdad María José Sánchez Rubio, con el resto de integrantes del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres.

Díaz se ha pronunciado de este modo en Sevilla ante la reunión en pleno del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres (CAPM), órgano consultivo de la Junta que da voz y voto en las políticas autonómicas de igualdad a las asociaciones de mujeres que existen en la comunidad autónoma, y que, señala, "se ha convocado en apenas 48 horas ante la gravedad de lo aparecido en el debate nacional".

De este modo, cree que "tiene que haber un debate profundo y abierto, donde se dé entrada a muchos hombres y mujeres en Andalucía", y en el que "se informe de qué supone" esta norma promovida por el Gobierno que preside Mariano Rajoy y "qué capacidad tiene el Gobierno andaluz", que, a su juicio, "debe plantear la retirada de esta norma", y en caso de que "no se retire", que "no se descarte ningún instrumento jurídico, incluido el recurso al Tribunal Constitucional una vez que ésta sea aprobada".

En este sentido, Díaz ha afirmado que durante todo el fin de semana ha escuchado comentarios que dicen que esta ley "retrotrae al año 1985", pero "no es cierto, nos sitúa antes incluso del año 85", porque "ni tan siquiera contempla el supuesto de malformación del feto" y "es una segunda vuelta de tuerca en la que de nuevo, si los ciudadanos están pagando en esta país recortes a sus derechos y libertades, las mujeres lo están haciendo en mayor medida".

Igualmente, la presidenta ha señalado que esta ley "es el ejemplo de la desigualdad", porque "si hoy nos preguntaran cuál es la mejor muestra de que la legislación puede situar a las mujeres en un plano de inmadurez o de incapacidad legal para tomar las riendas de su vida y de la defensa de sus derechos y libertades, está en esta norma", que "da por hecho que las mujeres no son capaces de decidir en qué circunstancias pueden hacer frente a su maternidad o cuándo no pueden  hacer frente a ella".

“Es un ejemplo de la desigualdad que nos sitúa a la cola de Europa”

Por tanto, Díaz insiste en que esta ley "es el ejemplo de la desigualdad que nos sitúa a la cola de Europa", toda vez que ha expresado "su rabia" al ver el pasado sábado como todas las portadas de todos los medios internacionales "abrían poniendo a España como ejemplo de lo que no se debe hacer en lo que respecta a derechos y libertades de los ciudadanos y especialmente de las mujeres". "Ser noticia en Europa por ser un país que gobierna de manera ultraconservadora y retrógrada, eliminando derechos y conquistas de las mujeres tras tanto años de lucha, es lamentable y da pena".

Asimismo, Díaz ha apuntado que esta ley "no va a significar que no se practiquen abortos", sino que "se van a hacer en condiciones de inseguridad jurídica y con riesgo para la salud de las personas y de los profesionales que las atienden". Al respecto, la presidenta añade que "no es cierto" que ley de 2010 "haya supuesto un incremento del número de intervenciones voluntarias del embarazo en nuestro país".

La presidenta ha señalado también que "no cree en las casualidades", y que "precisamente el último Consejo de Gobierno antes de Navidad sea donde mayor crudeza e insensibilidad ha mostrado un gobierno ante los derechos y libertades de la mujer". Por tanto, reitera que el periodo "no es casual" y "si lo es, no es oportuno", porque "puedo se puede llegar a pensar que la fecha no permitía un debate sosegado y que la información llegara al mayor porcentaje posible de la población".

Por tanto, Susana Díaz insiste en que la responsabilidad del Gobierno andaluz y la suya como presidenta "es facilitar la comunicación, el debate y la defensa de los derechos de las mujeres en Andalucía".