La Revista

Sanidad ha actualizado el formato de las notas informativas de la Comisión Interministerial de Precios

En esto se fija Sanidad para aprobar la financiación de un medicamento
Exteriores del Ministerio de Sanidad.


04 jun 2019. 13.50H
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El Ministerio de Sanidad ha actualizado el formato de la nota informativa en la que se recogen los acuerdos de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos. En concreto, en la última publicada, el departamento que dirige María Luisa Carcedo ha incluido los criterios que se adoptan en cada una de las decisiones de financiación.

Estas pautas están contempladas en el artículo 92 Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios por el que se financian los medicamentos. En total, hay fijados seis criterios.

El primero hace referencia a la gravedad, duración y secuelas de las distintas patologías para las que resulten indicados los medicamentos. También se tienen en cuentan las necesidades específicas de ciertos colectivos y el valor terapéutico y social del medicamento, así como su beneficio clínico incremental del mismo teniendo en cuenta su relación coste-efectividad.

El cuarto criterio es sobre la racionalización del gasto público destinado a prestación farmacéutica e impacto presupuestario en el Sistema Nacional de Salud. El quinto hace referencia a la existencia de medicamentos u otras alternativas terapéuticas para las mismas afecciones a menor precio o inferior coste de tratamiento. Y, por último, se tiene en cuenta el grado de innovación del medicamento.


Último informe


El último informe publicado, correspondiente a la reunión de la CIPM del 25 de abril, hubo un total de nueve acuerdos con propuesta favorable de precio y financiación. En estos, la comisión adoptó los criterios de coste-efectividad y el de racionalización del gasto público.

Por su parte, en cuanto a los acuerdos con propuesta desfavorable, la comisión ha tenido en cuenta los criterios sobre la relación coste-efectividad, la racionalización del gasto público y el de la existencia de medicamentos u otras alternativas para las mismas afecciones a menor precio.

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