El presidente de AME, Jesús Arzúa.
Los MIR lanzan un órdago a Sanidad en la reforma de su RD: tope de 17 horas de guardia y sueldos de hasta 42.000 euros
La Asociación MIR España ha presentado varias alegaciones a la norma que regula su formación
Sanidad mantiene en su borrador del RD la jornada de 35 horas
La Asociación MIR España y varios sindicatos médicos registraron este martes un paquete conjunto de alegaciones ante el Ministerio de Sanidad para reformar el real decreto que rige su relación laboral y del resto de residentes que componen la Formación Sanitaria Especializada. El texto presentado por los médicos busca transformar las actuales directrices organizativas en derechos estatales ineludibles sobre jornadas, descansos y retribuciones dentro de todos los hospitales del Sistema Nacional de Salud.
Para ello, las organizaciones sanitarias plantean fijar la jornada ordinaria máxima en 35 horas semanales, medida que ya contempla el Ministerio de Sanidad en su redactado, estableciendo un límite de 45 horas de promedio trimestral que elimine las prácticas de recuperación de descansos. "La suma de jornada ordinaria y guardia consecutivas no podrá superar diecisiete horas de trabajo efectivo", aclara la propuesta técnica, diseñada para evitar los turnos ininterrumpidos. La alianza sindical argumenta que las guardias localizadas precisan una regulación estricta, de modo que todo el tiempo de atención telefónica o presencial compute de facto como trabajo. Por su parte, la realización de una quinta guardia mensual quedaría condicionada a necesidades imprevisibles, exigiendo siempre el consentimiento voluntario del residente junto a una compensación mínima del 150 %.
Freno al déficit de profesionales
Los facultativos en formación lamentan su utilización sistemática como sustitutos estructurales para sostener la sanidad pública. Por ello, las alegaciones prohíben expresamente usar a los residentes para tapar carencias de plantilla o cubrir los puestos de los especialistas durante las huelgas. El documento exige identificar al médico responsable de la supervisión antes de cada guardia para garantizar la trazabilidad formativa. Jesús Arzúa, presidente de la Asociación MIR España, recuerda que el residente asume autonomía clínica de forma progresiva según sus competencias acreditadas, motivo por el cual la administración no puede encomendarle tareas para las que no está capacitado. "La reducción del número o duración de las guardias no podrá traducirse en intensificación desproporcionada", sentencia el texto registrado para evitar sobrecargas encubiertas de pacientes.
Suelos retributivos y formación MIR protegida
El rediseño económico plantea una retribución ordinaria suficiente que reduzca la dependencia crónica de las horas extra. Las entidades médicas reclaman un precio mínimo estatal para la atención continuada, el cual nunca será inferior al valor de la hora ordinaria del propio trabajador. El grupo de trabajo intersindical detalla una tabla orientativa que arranca en 30.000 euros anuales para los residentes de primer año y alcanza los 42.000 euros en su quinto ejercicio de especialidad. La entrada en vigor del nuevo modelo garantizará la neutralidad salarial mediante un complemento transitorio, asegurando además el cobro del cien por cien del salario durante incapacidades, permisos de maternidad y periodos vacacionales.
La constante presión asistencial desplaza a menudo el aprendizaje práctico de los futuros especialistas. Ante esta realidad, los médicos exigen blindar siete horas semanales de tiempo formativo dentro de su jornada regular, obligando a la gerencia a financiar los cursos y las rotaciones externas sin que el residente adelante dinero de su bolsillo. Esta protección se extiende a la salud mental mediante auditorías regulares en aquellas unidades docentes con altas tasas de desgaste profesional. Un informe preventivo desfavorable activará el traslado protector del residente a otro centro, apoyándose en un canal externo de denuncias destinado a esquivar represalias evaluativas.
El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas deben ahora cuantificar el impacto de estas demandas y elaborar una memoria económica que permita integrar la reforma en los programas docentes del país.
