El Consejo de Ministros ha aprobado una reforma de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación que afectará al “funcionamiento” de esta entidad encargada, entre otros asuntos, de combatir las posibles ilegalidades en los contratos públicos. Fuentes de la institución han aclarado a Redacción Médica que esta nueva hoja de ruta interna no afectará ni a las posibilidades que tienen las empresas del sector sanitario para acceder a las licitaciones, ni tampoco supondrá mayores requisitos de supervisión para las compañías. Los nuevos cambios se circunscribirán fundamentalmente a aspectos como la transparencia, la eficiencia, la rendición de cuentas o las funciones antifraude en el seno de la oficina. “Este Real Decreto es de ámbito estrictamente organizativo”, han explicado a este periódico…
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