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Una auditoría pública confirma que el modelo Alzira ahorra 42 millones

Ahorra a cada ciudadano hasta 173 euros al año respecto a la gestión pública directa

Hospital de Manises.
Una auditoría pública confirma que el modelo Alzira ahorra 42 millones
Redacción
Lunes, 10 de abril de 2017, a las 12:30
La concesión de la asistencia sanitaria en el Departamento de Salud de Manises supone un 25 por ciento de ahorro en relación con los hospitales comarcales de gestión pública, lo cual supone unos 42,5 millones de euros al año. Así lo revela la Auditoría Operativa de la Concesión de la Asistencia Sanitaria Integral en el Departamento de Salud de Manises para el periodo comprendido entre los años 2009 y 2015 de la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana (consultar aquí). La auditoría se ha remitido a las Corts Valencianes y a la Consejería de Sanidad y al concesionario Especializada y Primaria L'Horta Manises, S.A.U, según ha informado el órgano de control en un comunicado.

La auditoría señala que la concesión ha tenido un coste para la administración de 721 euros anuales por habitante -de los cuales aproximadamente 47 euros son por inversiones-, por debajo de los 894 de gasto corriente que se observa en los departamentos con hospitales comarcales.

Menos facultativos

Asimismo, pone de relieve que la concesión de Manises tiene menos facultativos por cada 1.000 habitantes que los hospitales comarcales y que además el coste por empleado es un 9,6 por ciento inferior. Señala, asímismo, la inconsistencia en la determinación de la cápita inicial, puesto que se estableció el mismo precio que en otras concesiones, pero con diferentes obligaciones.

Acerca del control de la prestación por parte de la administración, la Sindicatura señala la ausencia, en el contrato, de cláusulas específicas sobre indicadores de resultados y su sistema de evaluación. Igualmente, destaca la "ineficacia" de la Comisión Mixta de Seguimiento como órgano de control de la concesión, puesto que en los siete años analizados en el Informe, la comisión únicamente se reunió 12 veces. En general, la Sindicatura de Comptes observa un "incumplimiento de las medidas de control en materia de rentabilidad, control de inversiones o contratación de personal directivo".

Respecto al precio del contrato, la auditoría operativa apunta que la concesión no ha contado con un procedimiento claro de liquidación, lo que supone "dificultades importantes" a la hora de aprobar las liquidaciones anuales. El informe señala una diferencia global de 179,8 millones de euros en el periodo 2009-2013 entre las propuestas de liquidación de la administración y las del concesionario (a favor de la primera) y calcula 39,2 millones de euros de exceso en la contraprestación capitativa por aplicación no literal de la cláusula de revisión prevista en los pliegues.

11 millones de euros en intereses

Por otro lado, como consecuencia del retraso en los pagos, el concesionario reclama a la Consejería de Sanidad 10,8 millones de euros en intereses de demora. Después de auditar la concesión, la Sindicatura recomienda a la Consejería adoptar medidas para llevar a cabo sus funciones de control y seguimiento, que le permiten evaluar la eficiencia y la eficacia de la utilización de los recursos públicos que se ponen en manos de terceros.

También insta a definir un procedimiento claro para determinar el precio del contrato, en el cual se establezcan aspectos tales como los plazos de presentación y de alegación, los medios a utilizar, los requisitos formales previos a cumplir y los órganos competentes para aprobar el precio del contrato. Finalmente, el documento recoge en detalle las alegaciones efectuadas por la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública y por el concesionario Especializada y Primaria L'Horta Manises, S.A.U., así como los respectivos comentarios de la Sindicatura de Cuentas.

La auditoría no incluye la reclamación de 178 millones

La Consejería de Sanidad ha subrayado que la auditoría no contempla el resultado de las liquidaciones o cierres de ejercicios de los años 2009 a 2013, sobre los que existe una reclamación de 178,9 millones de euros por parte de la administración, y recalca que de resolverse esta "discrepancia" a favor de la Generalitat, "podría poner en peligro la viabilidad de la concesionaria y la sostenibilidad del modelo".

Sanidad recalca que, como admite el propio informe de la Sindicatura, las conclusiones del trabajo están sujetas a "determinadas limitaciones" que el documento define como "riesgos de la auditoría", entre las que se encuentra "la complejidad de los cálculos para determinar el precio del contrato, el sistema de control de las derivaciones de pacientes a otros departamentos, la ausencia de indicadores de calidad y las cuestiones litigiosas entre la Administración y la concesionaria". Así, considera que el ahorro descrito del 24,6% es una cifra que "podría verse afectada por las liquidaciones pendientes del precio del contrato" ya que el porcentaje no contempla el resultado de las liquidaciones