La reversión de Torrevieja carece de informes sobre su coste económico

El proceso de reversión del Hospital de Torrevieja, que desde el próximo viernes pasará a ser de gestión pública, escribe un nuevo capítulo de una serie con visos de alargarse. En esta ocasión quien ha entrado en escena es la Interventora General de la Generalitat tras publicar un informe en el que advierte de que el decreto de la Conselleria de Sanidad para la reversión carece de informes económicos sobre el coste que supondrá para la administración autonómica tomar las riendas del centro sanitario.

La Intervención General señala en su informe que el departamento de Ana Barceló se subrogará como empleador de toda la plantilla del Hospital, que seguirá en sus puestos en condición de personal laboral a extinguir. Esto supone que ocuparán una plaza estatutaria pero sin la consideración de empleados públicos al no haber accedido al cargo mediante un proceso regulado a través de una Oferta Pública de Empleo (OPE).

En este sentido, el ente fiscalizador alerta del elevado riesgo de litigiosidad al que se expone al carecer de los informes económicos necesarios que justifiquen que la reversión se ajuste estrictamente a la ley de 2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En este sentido, la Interventora recuerda la sentencia del Tribunal Supremo sobre la reversión del Hospital de Alzira en 2018, en la que la Conselleria de Sanidad apostó por la misma fórmula que en Torrevieja.

Por aquel entonces, el Supremo decidió admitir el recurso de casación de Ribera Salud contra la sentencia del TSJCV que avaló la reversión de Alzira al considerar que el asunto tenía "interés casacional objetivo" para la formación de jurisprudencia en este tipo de reversiones, es decir, para sentar doctrina a futuro.

El Supremo no paralizó la reversión de Alzira, pero debido al interés casacional del caso, se estipuló que, para futuras ocasiones, la gestión directa de un contrato no prorrogado, como el Torrevieja, exige "la valoración de sus repercusiones y efectos, atendida la naturaleza y alcance del acto y las circunstancias concurrentes" de acuerdo con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Desde el Grupo Ribera Salud indican a Redacción Médica que están “totalmente de acuerdo con la interpretación que hace la Intervención General en el análisis de la reversión de Torrevieja”, pues, a su juicio, “avala lo que ya dijo la sentencia del Tribunal Supremo en julio de este mismo año 2021”.

“La Conselleria de Sanidad está obviando estas demoledoras argumentaciones, por lo que Ribera seguirá acudiendo a los tribunales para defender lo que siempre ha mantenido en este proceso”, defiende el grupo, que también subraya que es necesario justificar esa reversión, “tal y como indican tanto la Intervención General como el Tribunal Supremo”.

“No se ha podido parar la reversión porque el TSJ no ha entrado al fondo del asunto, pero estamos convencidos de que cuando se analice el fondo, se nos dará la razón, de acuerdo a la doctrina del Tribunal Supremo”, aseguran desde Ribera.