Trama Gürtel: desviados 6 millones más del Hospital Provincial de Castellón

La Consejería de Sanidad ha aportado a Fiscalía Anticorrupción el informe que le ha traslado el exgerente del Hospital Provincial de Castellón, Rafael Arce, en el que a lo largo de 80 páginas detalla las "incidencias" que detectó cuando estuvo al frente de este centro hospitalario desde marzo de 2014 hasta septiembre de 2015, aunque las actuaciones cuestionadas son previas a su nombramiento.

Arce presentó en este informe, en los que se incluyen 11 anexos, en los servicios jurídicos del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón (integrado por la Generalitat y la Diputación), el día 10 de junio de 2015 y lo entregó para su custodia asimismo a una notaría el 16 de junio de 2015. Entre las irregulares detectadas en el informe, facilitado por la Consejería de Sanidad, cita una partida de 29,4 millones pendiente de aplicación o el desvío de más de seis millones para el pago de costas judiciales a otros fines.

Ahora Sanidad, a través del actual gerente, ha trasladado el documento al ministerio público para que se sume a las 4.713 facturas presuntamente irregulares por valor de 25 millones emitidas por la empresa Piaf, investigada en Gürtel, y Telecso para que se investiguen si son constitutivas de delito. Los hechos que se recogen en este informe fueron actuaciones ejecutadas por los equipos directivos previos a su llegada a la gerencia en 2014 y que iba detectando en su "gestión diaria". Arce explica en el texto que desconoce si se trata de "hechos aislados" ni que supongan "un números clausus" ya que no ha realizado una auditoría.

Entre estas posibles irregularidades, señala la inexistencia de una imagen fiel de la contabilidad del hospital, el cambio de destino de fondos finalistas entregados por la Consejería en octubre de 2003, cuando Vicente Rambla era consejero y Carlos Fabra estaba al frente de la Diputación, para el pago de deudas judiciales ya que de los 7,3 millones recibidos solo se destinaron 1,6, mientras que los restantes entraron en tesorería para el pago de distintos fines.

Del mismo modo, anota una partida de 29,4 millones pendiente de aplicación que en la propia auditoría financiera no se tiene constancia o la contratación "irregular" de más de un centenar de trabajadores que llevan varios años rotando con contratos de acumulación cuando a veces ni siquiera estaban en ninguna bolsa. Asimismo, considera que el Hospital "no cumplió" con la ley de contratos de servicios públicos ya que se adjudicaban con "una sola oferta y de manera totalmente arbitraria".