Guerra judicial por fichar psicólogos con máster pero sin PIR

Las Comisión de Presupuestos de Les Corts Valencianes votó este jueves las enmiendas parciales a la ley de Acompañamiento a las cuentas autonómicas del  presente año. De esta forma, PP y Vox han logrado sacar adelante todas las iniciativas presentadas por ambos grupos. Eso sí, con limitaciones en algunas de ellas. No es el caso de la propuesta que pretende crear la figura estatutaria del Psicólogo General Sanitario en el sistema público valenciano, que ha salido adelante sin una sola modificación. Así, esto ha generado una fuerte controversia entre los profesionales del sector, que ya han anunciado que van a tomar acciones legales.

La iniciativa pretende incorporar a los psicólogos titulados con máster habilitante en la Psicología Clínica Sanitaria, sin necesidad de ostentar el PIR. Según reza el texto de la enmienda, estos profesionales deberán realizar funciones vinculadas a las evaluaciones e intervenciones psicológicas que "influyen en la promoción y mejora del estado" de salud de la ciudadanía y que no necesitan de "una atención especializada por parte de otros profesionales sanitarios".

La reacción de los sindicatos

Ante esto, la Sociedad Valenciana de Psicología Clínica (SVPC-AVAPIR) ha lamentado profundamente la aprobación de la enmienda y anuncia que va a emprender las acciones legales necesarias para evitar que la medida se lleve a cabo por el Gobierno valenciano. De este modo, subrayan que “no es cierto” que la creación de la categoría de PGS en la sanidad pública sea la única fórmula para incrementar las plantillas de psicólogos. Asimismo, denuncian que la fórmula elegida para la tramitación de la propuesta, vía enmienda parcial a la Ley de Acompañamiento, demuestra que “no hay voluntad de alcanzar ningún acuerdo ni consenso”  y, además, “no responde a ninguna emergencia".

Por su parte, el Sindicato de facultativos y profesionales de sanidad pública de la Comunidad Valenciana (SIMAP) alega que la especialización en Psicología Clínica ha sido un avance fundamental para la calidad asistencial en salud mental. Por tanto, renunciar a este modelo supondría un grave retroceso para la atención sanitaria pública. Además, insisten en que “los atajos normativos” utilizados en esta enmienda  introducen categorías no reconocidas en el marco legal vigente.

De esta forma,  aseguran que la solución al  déficit actual de profesionales está en incrementar la oferta de plazas PIR, así como en mejorar las condiciones laborales y fortalecer el sistema de formación especializada. 

La opinión del Consejo General de Psicología

Por contra, el Consejo General de Psicología sí ha mostrado su apoyo a la medida. Tal y como remarcó a este medio el vocal adjunto de presidencia del Consejo General de la Psicología de España (COP), Fernando Chacón, se trata de “una medida correcta y más que justificada en las circunstancias actuales en el ámbito de la salud mental". Desde su punto de vista, es una forma de aumentar la contratación de psicólogos en hospitales y centros de Atención Primaria, donde su volumen es escaso.