Redacción. Valencia
El Gobierno ha presentado este lunes un recurso ante el Tribunal Constitucional en el que pide que confirme "en todos sus extremos" el decreto ley valenciano que regula el acceso universal a la atención sanitaria, impugnado por el Gobierno, al entender que no tiene "ningún vicio de inconstitucionalidad".
Ximo Puig.
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El gobierno de Ximo Puig ya había solicitado el pasado mes de noviembre al TC el levantamiento de la suspensión del Decreto Ley 3/2015, de 24 de julio, por el que se regula el acceso universal a la atención sanitaria en la Comunitat.
El Tribunal Constitucional suspendió la norma que daba acceso a la sanidad a los inmigrantes irregulares de la Comunidad Valenciana al admitir a trámite el recurso presentado por el ejecutivo central el pasado 23 de octubre.
El Consell ha presentado ahora un nuevo recurso para pedir que se desestime la pretensión de inconstitucionalidad del decreto ley, en el que argumenta que el Constitucional "reconoce la posibilidad de que las comunidades autónomas mejoren el mínimo estatal prestacional en materia de sanidad", según recoge EFE.
El recurso considera que no se puede hacer "ningún reproche" a la forma ni al fondo de la norma, ya que pretendía paliar una situación "de urgente necesidad", atendiendo al cumplimiento del principio de universalización de la atención sanitaria y de garantía de igualdad en su acceso.
“Es constitucional”
También argumenta que se estableció en el marco de la doctrina constitucional -relativa a que las autonomías pueden dictar normas en materia de sanidad dirigidas a una mejora en su ámbito territorial-, y que no interfiere en las competencias de aseguramiento del Estado.
Además, expone que el Estado asegura un nivel mínimo homogéneo o un nivel de suficiencia de las prestaciones sanitarias públicas, pero este puede mejorarse por las comunidades autónomas, en virtud de su competencia sanitaria y de su autonomía financiera, a través de su cartera de servicios complementarios.
La Generalitat indica ha señalado en el recurso que su decreto ley parte de su "libertad" para configurar su cartera complementaria de servicios, y deja claro en el articulado que el colectivo de personas que pasarán a ser atendidas "no son, ni pueden ser, asegurados o beneficiarios" de la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud.
"Nada más lógico que una Comunidad Autónoma con recursos suficientes para ello, en uso de sus competencias, pueda extender los instrumentos de protección sanitaria más allá del mínimo general del Estado", asevera la Generalitat.
El recurso defiende además que se usó la figura del decreto ley por una necesidad "extraordinaria y urgente" justificada, ya que el objetivo de la norma proteger la salud de todas las personas, incluidos los inmigrantes, y paliar la situación de colectivos con acceso limitado o no reglado a la sanidad pública valenciana.
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