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Atención residencial pública para personas con trastornos mentales graves

La Generalitat Valencia ha anunciado una nueva prestación económica

La consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas y vicepresidenta de la Generalitat de Valencia, Mónica Oltra.
Atención residencial pública para personas con trastornos mentales graves
Redacción
Miércoles, 04 de enero de 2017, a las 18:20
Aquellos que tengan un trastorno mental grave podrán acceder a una plaza de atención residencial pública gracias a una nueva prestación económica de garantía, según ha anunciado el director general de Diversidad Funcional de la Generalitat Valenciana, Antonio Raya.

La prestación está destinada a los que tengan reconocida la dependencia y necesiten recurrir al ingreso en un centro residencial, siempre y cuando no sea posible a través de la red de centros y servicios públicos y concertados.

"Se pretende dar respuesta a las personas con trastorno mental grave que precisan atención específica residencial y que en estos momentos se encuentran a la espera del ingreso en un centro", ha manifestado Raya.

Para calcular la subvención se fijará el precio público de la plaza que deberá costear la administración descontando la aportación que hará el usuario en función de su renta, garantizándole un mínimo de dinero para su autonomía -345 euros al mes- además de las dos pagas extras, explica la institución en un comunicado.

Esta iniciativa se complementa con las medidas adoptadas desde la Vicepresidencia y la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas "para ofrecer a las personas con trastorno mental grave una atención integral centrada en la persona, que fomenten la recuperación de la autonomía y permita superar los desequilibrios territoriales y sociales de la atención que hasta ahora han recibido", ha destacado Raya.

Cambio de modelo subvencional

Otra de las medidas adoptadas es el cambio de modelo subvencional con las entidades sin ánimo de lucro para la gestión de las plazas de centros de atención especializada, por el del concierto social, que dará mayor estabilidad a las personas destinatarias del servicio.

"Este cambio termina con la discrecionalidad de las ayudas, permite mejorar las condiciones laborales y la seguridad de la entidad, además de crear un marco legal que repercute en la mejora de los derechos de los usuarios", ha señalado Raya, que ha explicado que, para ello, se va a modificar la Ley de Servicios Sociales y, posteriormente, se desarrollará el concierto social a través de un decreto en 2018.