Comisión de Salud del Parlamento de Navarra.
Dos semanas después de su aprobación,
la 'ley antitemporalidad' del Gobierno de María Chivite ha vuelto a centrar el debate político, aunque esta vez en la
Comisión de Salud del Parlamento de Navarra. Los protagonistas, en esta ocasión, han sido las
organizaciones sindicales sanitarias. Concretamente, el
Sindicato Médico de Navarra (SMN), el Sindicato de Enfermería (Satse Navarra) y el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) han manifestado en el grupo de trabajo su oposición a la norma defendida y respaldada por
Geroa Bai, EH Bildu y el PSN.
Dentro del texto, hay dos aspectos que están en el
punto de mira sindical: la regulación de excedencias voluntarias y la valoración de la antigüedad y los idiomas en los concursos de traslados. Y es que
el Decreto Ley Foral 1/2025, de 7 de mayo, tiene como objetivo agilizar la resolución de los procedimientos selectivos en
Osasunbidea. En intenciones la ley coincide con los sindicatos, pero el 'problema' es su ejecución.
Antigüedad e idiomas vs formación en los concursos de traslados
Si se profundiza en la norma, el texto establece que en los
concursos de traslados se valorará
únicamente la antigüedad en el puesto de trabajo y los
idiomas, datos que en general posee la Administración o que implican
aportar poca documentación, lo cual tiene como meta redundar en una m
ayor agilidad en la resolución de procesos. Para entenderlo, es necesario abordar cuál es la valoración de cada 'factor' a la hora de acceder a otro lugar de trabajo.
La ley fija que, tanto en la Administración como en Osasunbidea, los concursos de traslados se valorarán dentro de una escala cuyo
valor máximo será de 46 puntos, por antigüedad, hasta 40, y dos por idioma (inglés, francés o alemán), únicamente
cuando guarden relación con el contenido del puesto de trabajo, cuestión que deberá determinarse en la convocatoria, previo análisis individualizado de las características de cada plaza. El
euskera, por su parte, se valorará en función de la zona lingüística en que estén ubicadas las plazas, hasta 4,6 puntos en la zona vascófona y hasta 2,76 en la mixta. De esta forma, se elimina la formación del proceso selectivo, algo con lo que no concuerdan los tres sindicatos comparecientes y diferentes partidos políticos.
Según ha afirmado
Alberto Pérez, secretario general del SMN, "este decreto vulnera el principio del mérito, y permite el acceso a un puesto de funcionario solo por antigüedad e idiomas prácticamente". En este sentido,
Pedro Ángel Aicua, secretario general de Satse Navarra, ha recordado que aunque exista el incentivo de carrera profesional, donde se valora la formación, "en cuanto se llega al nivel 4, si el profesional no quiere, puede no seguir formándose". "Incentivar la adquisición de conocimientos es fundamental, la tecnología avanza mucho y no se puede no tener en cuenta en los traslados", ha criticado.
Osasunbidea "seguirá premiando la formación"
A modo de respuesta,
Maite Esporrín, parlamentaria del PSN, partido que lidera el Ejecutivo foral, ha reafirmado el compromiso del Gobierno con "seguir premiando la formación". De hecho, ha hecho hincapié en la
reformulación de la carrera profesional de los sanitarios de Osasunbidea que se está tramitando en estos momentos.
Además, durante su intervención, ha puesto en valor la importancia de los
idiomas en el ámbito sanitario: "Es necesario insistir en ellos, el inglés es fundamental, tanto en la asistencia sanitaria como para seguir formándose gracias estudios e investigaciones de fuera".
También ha defendido la norma
Txomin González, portavoz sanitario de
EH Bildu Nafarroa. En su caso, igual que Esporrín, ha recordado la existencia de la carrera profesional, "una incentivación que se dirige hacia aspectos de mejora de los servicios y el profesional".
Las excedencias voluntarias, en el punto de mira sindical
Otro de los temas más polémicos de la ley es el tratamiento que se hace de las
excedencias. En el escrito se refleja que los profesionales que quieran solicitar una excedencia voluntaria deberán permanecer
dos años en la plaza adjudicada.
Para Pérez, se "reducen las condiciones en el disfrute" de este tipo de permisos. "Se dejan
dos años en nevera a una persona sin poder acceder a la plaza que quiere", ha matizado.
Quien también se ha pronunciado al respecto es
Begoña Ruiz, secretaria general de SAE Navarra. Tal y como ha avanzado, restringir las excedencias "va a provocar un problema en la atención especializada". "Casi todo el volumen de plazas que se ofertan en oposición están centradas en Pamplona. Aquellas personas que vivan en Tudela van a tener que estar dos años haciendo su servicio ahí, cuando podían estar atendiendo en
puestos de difícil cobertura", ha explicado.
Aparte de ello, "en la última oposición de TCAE, de 205 plazas se cubrieron
83 con contratos de tiempo parcial". "A esas personas, con un sueldo nivel B, mantenerse en su puesto de trabajo durante dos años les va a resultar complicado", ha argumentado.
Igual que en las anteriores sesiones plenarias, la parlamentaria socialista ha explicado que la decisión de regular las excedencias se tomó debido al incremento de las mismas que se produjo en los últimos años.
"Desde mayo de 2023 se han dado una media de 523 cada año", ha asegurado. Una situación que genera inestabilidad en la población, ya que es atendida por "seis médicos de Familia en el mismo mes", por ejemplo.
Poner al paciente en el centro
Isabel Aramburu, portavoz sanitaria de Geroa Bai, ha sido clara al respecto: "No es positivo para la población que se encadenen excedencias de forma que no se lleguen a cubrir las plazas, ya que muchas de ellas necesitan
cubrirse de manera urgente". "No perjudicar a las personas ususarias debería ser el objetivo de cualquier medida", ha añadido.
Desde la oposición, han destacado las críticas de las potavoces sanitaris de UPN y PPN,
Leticia San Martín e
Irene Royo respectivamente. Aunque "se recorta el derecho del profesional a la excedencias voluntarias", la primera de ellas ha admitido que la ley "agiliza los procesos selectivos de ingreso y concurso de traslado, lo que es lo único aceptable". Sin embargo, "el colmo es que se elimine la baremación de la formación de los concursos de traslados".
Una opinión compartida por Royo, que ha asegurado que
es "incoherente que los valores de investigación o la docencia desaparezcan y se tengan en cuenta los idiomas a la hora de ser determinantes para acceder a un puesto público".
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