La intención es contar con mejores medidas, por lo que se somete a consulta pública un proyecto de decreto

Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de Madrid.
Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de Madrid.


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El Gobierno madrileño actualizará y mejorará la regulación de la telemedicina, que "en este momento carece" de ella. Así lo ha anunciado Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la región, en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, quien ha destacado que "por seguridad jurídica" se debe contar con una regulación actualizada a la existente desde 2003. Para ello, desde este miércoles abren el proceso de consulta pública de un proyecto de decreto que tiene dicho propósito.

"Las principales novedades que tendrá este decreto es que se fijan los requisitos mínimos para el ejercicio de la telemedicina en distintas disciplinas como puede ser la Psicología o cualquier tipo de tratameinto de Fisioterapia u otras cuestiones que pueden ser abordadas de manera telemática a través de la telemedicina", ha detallado. 

Además, se fijará mayor control sobre la publicidad sanitaria, que también "carece" de una regulación específica, teniendo en cuenta "siempre" aquellos "criterios técnicos, deontológicos y científicos" que "tenga que tener toda la publicidad para que los ciudadanos tengan siempre acceso" a contenido "veraz y correcto" en esta materia.

Simplificación de procedimientos administrativos


Otra de las cuestiones mencionadas por el consejero es que la normativa recogerá "los servicios complementarios que puedan prestarse en distintos establecimientos del sector, como pueden ser clínicas dentales o de estética". "Supone también mejoras en los regímenes jurídicos y en los procedimientos de registro y autorización, pasando de los ocho a los 10 años el periodo por el cual se concede una autorización administrativa para poder abrir cualquier tipo de clínica de estas características", ha señalado. 

De la misma forma, se simplifican los plazos administrativos para abrir un complejo público o privado destinado a la actividad sanitaria y "se reduce" toda la documentación que deberán aportar en casi un 40 por ciento. "Eso sí, con el mismo rigor y teniendo en cuenta todas las características y condicionantes que la Administración tiene que mirar con carácter previo a la apertura de cualquier centro sanitario", ha subrayado. 





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