El exgerente del Summa, imputado en una nueva causa del caso residencias

El Juzgado de Instrucción número 6 de Leganés ha abierto una segunda causa por los fallecimientos de ancianos en las residencias de la Comunidad de Madrid durante le primera ola de la pandemia de Covid-19. El juez ha citado en calidad de investigados al que fuera gerente del Summa 112, Pablo Busca, y a la geriatra de enlace del Hospital Severo Ochoa, María Jesús Molina. Se suman así a Carlos Mur y Javier Martínez Peromingo que también declararán en este caso. 

Según han informado las asociaciones de residencias 7.291: Verdad y Justicia y Marea de Residencias y han confirmado fuentes jurídicas, las declaraciones están previstas para el próximo 17 de junio. 

Se trata de la segunda causa abierta en una semana, ya que el viernes pasado tanto Mur como Peromingo fueron citados a declarar por un juzgado de Madrid, aunque la declaración se suspendió y aplazó porque las defensas alegaron falta de traslado de actuaciones. Se les acusa del delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria, castigado en el artículo 511 del Código Penal.

Acusaciones por los protocolos covid

Carlos Mur, citado como investigado, era director general de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid en marzo de 2020 y fue el encargado de firmar los protocolos de no derivación hospitalaria en residencias de mayores durante la primera ola del Covid-19.

Javier Martínez Peromingo, por su parte, era el geriatra que tomaba las decisiones sobre 47 residencias en el área del Hospital de Móstoles y, en mayo de 2020, sustituyó a Mur en el cargo de director general cuando este fue cesado.

Pablo Busca era el director gerente del Summa 112 y responsable de las ambulancias en la primera ola de la pandemia. Las asociaciones consideran que "las ambulancias jugaron un papel clave en el dispositivo diseñado por la Consejería de Sanidad, ya que dejaron de ir a recoger directamente a los residentes enfermos". Actualmente es el director de Emergencias de Osakidetza. 

El procedimiento que se sigue en el Juzgado 6 de Leganés no parte de una denuncia de la Fiscalía, sino de una querella presentada por dos familiares de residentes.