Redacción Médica
17 de julio de 2018 | Actualizado: Martes a las 13:30
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"No estamos discriminando a los trabajadores de Alcorcón y Fuenlabrada"

El consejero explica que el ordenamiento estatal dificulta extender el proceso de estatutarización a estos hospitales

El consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, en la Asamblea de Madrid.
"No estamos discriminando a los trabajadores de Alcorcón y Fuenlabrada"
Sergio López
Jueves, 07 de julio de 2016, a las 17:00
El grupo parlamentario de Ciudadanos ha vuelto a llevar a la Asamblea de Madrid la Ley 9/2015 de acompañamiento a los presupuestos, por la cual se establece que los trabajadores de los distintos centros adscritos al Servicio Madrileño de Salud (Sermas) puedan acceder a la condición de estatutarios.

El consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, ha rechazado las insinuaciones de este grupo y el resto de la oposición, según quienes el departamento intenta evitar el cumplimiento de parte de esta Ley, concretamente los artículos 24 y 27, que aluden a los trabajadores de los hospitales de Alcorcón y Fuenlabrada y los de los servicios informáticos. “No estamos discriminando a nadie, nos limitamos a cumplir la ley”, ha defendido el consejero, quien ha recordado que en materia de contratación hay un “ordenamiento superior” estatal, “al que hay que ajustarse”.

La Ley 9/2015 es la que ha dado cobertura a la estatutarización del 80 por ciento de la plantilla de los seis hospitales públicos que se planteó externalizar durante la anterior legislatura. Este proceso, que se ha completado este miércoles, era un compromiso de la presidenta regional, Cristina Cifuentes, cuyo desarrollo se expresaba en esta norma. Sin embargo, los tres grupos de la oposición parlamentaria querían ir más allá y extender el cambio de condición laboral a otros trabajadores. El Gobierno regional no lo ha hecho porque tiene dudas sobre la legalidad de hacerlo; dudas a las que ha sumado el Ejecutivo central.

Dudas sobre la constitucionalidad de varios artículos

Precisamente, el portavoz sanitario de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Daniel Álvarez Cabo, se ha interesado por el resultado de la reunión de la comisión bilateral entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno central, convocada como paso previo a que la abogacía del Estado plantee una cuestión de inconstitucionalidad contra los artículos 24 y 27 de la Ley 9/2015. El diputado ha insinuado que  la Consejería de Sanidad y el Estado comparten el objetivo de dejar sin efecto una parte de esta norma aprobada por Ciudadanos, PSOE y Podemos y que contó con el voto en contra del PP.

“En otras palabras, usted cree que estamos conchabados con el abogado general del Estado”, ha espetado el consejero a Álvarez Cabo. “Le digo lo mismo que al señor Freire, del PSOE, si está seguro de lo que dice, acuda a la justicia”, ha añadido Sánchez Martos. El consejero ha explicado que la primera de las reuniones de esa bilateral se produjo el 18 de mayo y en el marco de la misma se espera resolver las discrepancias con el Estado.

El consejero ha explicado que para que se cree una plaza pública se tiene que demostrar que ésta es necesaria y se tiene que convocar atendiendo a los principios de igualdad, mérito y capacidad. Estas condiciones se daban en los hospitales que han sido asumidos directamente por la consejería, pero no está tan claro en el caso del resto de centros. Sánchez Martos ha recordado que ya durante la tramitación de la Ley advirtió de la “mala redacción” de los artículos 24 y 27 y que estos podían ser inconstitucionales.

Integración en el Sermas

Las razones del consejero no han convencido a los diputados de la oposición. “¿Va a seguir defendiendo que estos dos hospitales sigan siendo dos islas?”, ha preguntado la portavoz de Podemos, Mónica García, quien ha pedido que los profesionales de estos centros “se integren en la red de recursos humanos del Sermas”.

En una misma línea, el portavoz socialista José Manuel Freire, ha sugerido que la consejería liquide la fundación y la empresa pública que tienen la titularidad, respectivamente, de los centros de Alcorcón y Fuenlabrada y asuma directamente su gestión; algo que acabaría con las dudas acerca de que sus trabajadores puedan optar a la estatutarización.