Sanidad y Extremadura acuerdan reducir las conductas adictivas en menores

Extremadura está dispuesta a frenar con la ayuda del Ministerio de Sanidad la prevención de conductas adictivas, el alcohol y el juego entre los menores y los jóvenes. Este nuevo escenario ha sido posible gracias al convenio alcanzado entre la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y la Comunidad Autónoma de Extremadura, en materia de drogodependencias. Tal y como anuncia este sábado el Boletín Oficial del Estado (BOE), Sanidad se compromete a financiar la realización de estos programas, mientras que la comunidad asume el compromiso material de su ejecución, siendo éste el objeto del presente convenio.

Este acuerdo para la prevención de las drogas en Extremadura ha llegado a buen puerto después de la reunión celebrada entre Juan Ramón Villalbí, delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, y Sara García, titular de la Consejería de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura. Ambas partes han acordado asignar a la Comunidad Autónoma de Extremadura la cantidad de 284.000,00 euros procedentes del Fondo de bienes decomisados.

La actuación de la Consejería de Salud y Servicios Sociales de Extremadura en el año 2023 se concretará en el desarrollo de dos programas a implementar por dicha comunidad en el marco y de conformidad con los objetivos establecidos por la Estrategia Nacional sobre Adicciones: La prevención de conductas adictivas en menores y jóvenes, con una dotación de 273.500 euros, y la prevención e intervención con menores y jóvenes en alcohol y juego, dotado con 10.500 euros.

Extremadura deberá analizar el desarrollo de los programas

Durante el primer trimestre del próximo ejercicio, la Consejería de Salud y Servicios Sociales de Extremadura deberá remitir un informe final y de evaluación del desarrollo de los programas y una certificación detallada y pormenorizada del gasto efectuado en la ejecución de los mismos.

El presente convenio podrá modificarse por mutuo acuerdo de las partes, siempre que la modificación no suponga una alteración de las obligaciones económicas recogidas en el documento firmado por el Ministerio de Sanidad y la comunidad de Extremadura.