Redacción Médica
19 de julio de 2018 | Actualizado: Jueves a las 10:05
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La Generalitat expedienta a los Comín por la opacidad de su fundación

El departamento de Justicia lleva varios meses intentando conocer las cuentas de la institución

Antoni Comín, exconsejero de Salud de Cataluña.
La Generalitat expedienta a los Comín por la opacidad de su fundación
Juanma Fernández
Miércoles, 04 de abril de 2018, a las 16:00
La familia Comín sigue sin entregar a la Generalitat las cuentas económicas de 2016 de su fundación, lo que les ha valido la apertura de un expediente de verificación de las mismas. Así lo confirman a Redacción Médica fuentes de la Administración catalana respecto a la relación que mantienen con la Fundación Alfons Comín, dedicada a la obra y memoria del político fallecido en 1980, padre del exconsejero de Salud catalán, Antoni Comín.

Este periódico ya informó que el 26 de julio de 2017, el departamento de Justicia reclamó a la familia del exconsejero de Salud huido de la Justicia española la presentación de dicha memoria. Sin embargo, en noviembre todavía no la habían entregado, a pesar de que la Ley de Fundaciones ponía el 31 de julio de 2017 como fecha límite. Una situación que se ha alargado hasta este mes de abril de 2018.

En enero, Justicia volvió a exigir la memoria mediante una “verificación formal”. Sin embargo, la fundación apenas entregó un anexo de la misma: un documento insuficiente que ha hecho que la Generalitat haya elevado el rango de exigencia. Es por ello que a mediados de marzo se decidió abrir el citado expediente.

¿Una institución abandonada?

Se trata de un requerimiento que otorga diez días de margen para entregar la documentación solicitada y que no se conforma con obtener la citada memoria sino que va más allá. “Es un análisis más profundo de cumplimiento de los requisitos legales de la fundación”, explican fuentes de la Administración catalana. “Se comprueban los fondos, su origen, si el 70% se destinan a actividades de la fundación…”, matizan las citadas fuentes. Estas mismas añaden que, en el fondo, se trata de verificar que la institución “no está inactiva o abandonada”.

Tras recibir el mencionado requerimiento, y en el caso de que el plazo de 10 días expire sin obtener la documentación solicitada, Justicia podría decidir “abrir una inspección e incluso a imponer una sanción”.