Las Cortes aprueban la Ley de Farmacias que regulará la jubilación parcial

Con la mayoría de votos del Grupo Parlamentario Socialista, las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado el dictamen de la Ley de Ordenación del Servicio Farmacéutico de la región, rechazando así las 29 enmiendas presentadas por el Partido Popular y las 12 de Vox, debatidas previamente en la sesión y que ya habían sido rechazadas en la Comisión de Sanidad. 

El PSOE y el Grupo Parlamentario Popular no alcanzaron un acuerdo para que estos últimos respaldaran la iniciativa que fue defendida por el diputado socialista Ángel Godoy Martínez, pese a su posición de alcanzar "el máximo consenso político" para generar "seguridad jurídica" para los profesionales y los ciudadanos.

"Normalmente una ley tiende a permanecer más tiempo en el ordenamiento jurídico porque los cambios de gobierno no hacen que se modifiquen y, por lo tanto, esa ha sido siempre nuestra intención, intentar llegar al máximo consenso", ha afirmado Godoy, destacando que el texto busca "garantizar la presencia de las oficinas de farmacia en municipios pequeños", contribuir a la cohesión territorial y reforzar la "equidad en el acceso a la sanidad pública".

"Esta reforma incorpora medidas de flexibilización para facilitar la actividad de los profesionales, la posibilidad de ampliar reglamentariamente las actividades desarrolladas conforme a su titulación, la regulación de la jubilación activa o parcial, la consideración como ausencia justificada del ejercicio como profesor asociado universitario o medidas vinculadas a la conciliación de la vida familiar y profesional", ha enlistado.

Defensa del dictamen de Ley de Farmacias

El encargado de exponer el dictamen de Ley de Ordenación del Servicio Farmacéutico de Castilla-La Mancha fue el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, quien resaltó que la asistencia farmacéutica supone "un reto" en una región con 80.000 kilómetros cuadrados, más de dos millones de habitantes y 919 municipios.

"El modelo que protegemos, fortalecemos y mejoramos con la modificación legislativa impulsada por el gobierno regional", ha señalado Fernández Sanz, es "proteger aún más a la atención farmacéutica en zonas rurales y poco pobladas". Así, ha detallado que en la comunidad cuentan con 1.289 oficinas de farmacia y 267 botiquines ubicados en núcleos de población de menos de 500 habitantes.

Con la aprobación de la ley y su desarrollo, se facilitará la actividad de los profesionales farmacéuticos "adoptando medidas flexibilizadoras para el desempeño de sus funciones y mejoras en la propia oficina de farmacia". "La ley no agota las actividades que pueden desarrollar los profesionales de las farmacias conforme a su cualificación y especializaciones, regula con mayor seguridad jurídica la situación de jubilación activa o parcial de los farmacéuticos y farmacéuticas, como ha reconocido el marco normativo estatal para los profesionales autónomos y también quedan en el texto garantizados los derechos y deberes de los particulares de oficinas de farmacia relacionados con la conciliación de la vida familiar", ha explicado Fernández en las Cortes manchegas.

Además, "se mejora la regulación de la asistencia farmacéutica en los centros penitenciarios" de la región, y se adapta la norma autonómica "a la regulación estatal en cuanto a la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios y que no se encontraban en  nuestra legislación específica". Por último, el consejero ha subrayado que la ley favorece el "establecimiento y la sostenibilidad de las farmacias en el medio rural, promovieron una asistencia farmacéutica específicamente diseñada para responder a las necesidades de la población que residen en zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación".

Desacuerdo del Grupo Parlamentario Popular

"Hoy perdemos en Castilla-La Mancha una oportunidad histórica de avanzar en una ley de ordenamiento farmacéutico". Así lo ha considerado el diputado popular Juan Antonio Moreno, quien ha afirmado que el proyecto de ley "acumula consideraciones del Consejo Consultivo que cuestionan en mucho su tramitación" y que "evidencian la arbitrariedad del gobierno de Emiliano García-Page".

Entre sus reclamos ha estado la falta de una memoria económica, ya que la ley generará costes al Sescam por crear "nuevos puestos sin consignación"; la ausencia de un informe del Consejo Regional de Municipios por contener medidas que afectan a la Administración local y las afecciones jurídicas con el Real Decreto 4/2024, que actualmente está recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de la región.

En ese sentido, Moreno ha defendido que las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular y que no han salido adelante, avanzaban en la comunicación médico-farmacéutico y estaban relacionadas con la dispensación de medicamentos veterinarios, atención farmacéutica en los centros penitenciarios o en el desarrollo de la conciliación familiar de los profesionales.