La futura ley de la muerte digna se somete al juicio del sector sanitario

A través de esta norma, los pacientes podrán rechazar el tratamiento médico en el proceso del final de la vida

El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea.
La futura ley de la muerte digna se somete al juicio del sector sanitario
lun 02 diciembre 2019. 18.10H
Castilla y León ha hecho público este lunes el texto del anteproyecto de Ley de derechos y garantías al final de la vida en el portal de Gobierno Abierto. Esta norma es el primer proyecto de Ley que ha puesto sobre la mesa el nuevo Ejecutivo autonómico, formado en coalición entre PP y Ciudadanos, según anunció el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea.

Este anteproyecto, que, entre otras medidas regulará el derecho a la sedación para pacientes “con enfermedades graves, progresivas e incurables” y el de rechazar el tratamiento medico en el proceso del final de la vida, se va a remitir ahora a los colectivos interesados (asociaciones de pacientes, colegios profesionales, sociedades científico-médicas y sindicatos) para que puedan hacer las alegaciones que consideren.

El pasado 15 de noviembre se cerró el plazo de consulta pública, un tiempo en el que se recabaron ideas generales de debería contener la norma. Ahora ha comenzado la segunda parte, el procedimiento de audiencia en el que, con el texto ya firme, las asociaciones profesionales pueden presentar alegaciones señalando qué artículos desean modificar, eliminar o añadir. 

--- Pulse aquí para consultar el anteproyecto ---

El objetivo es regular el ejercicio de los derechos que les corresponden a las personas en el proceso final de su vida, asegurando el máximo respeto a su libre voluntad en la toma de las decisiones que les afecten y garantizando la protección de su dignidad en esta fase vital.

La futura ley, que se debatirá y votará en sesión plenaria, pretende también regular los derechos y deberes de los profesionales sanitarios que atienden a las personas que se encuentran en el proceso de morir, definiendo un marco de actuación y estableciendo las garantías que deben proporcionar las administraciones públicas e instituciones sanitarias y sociales a lo largo de dicho proceso. En este sentido, se da seguridad jurídica a los sanitarios frente a la decisión de un paciente de no seguir el tratamiento médico.



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