El consejero de Sanidad confía en que las obras del Hospital del Sur de Tenerife se retomarán "en un plazo brevísimo"

La Palma, Lanzarote y Fuerteventura incorporan la resonancia magnética
El consejero de Sanidad, José Manuel Baltar.


13 mar. 2017 16:50H
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El Consejo de Gobierno autorizó en su sesión de este lunes a la Consejería de Sanidad a destinar 3,86 millones de euros a la adquisición de tres resonancias magnéticas con destino a los Servicios de Radiología del Hospital General de La Palma, Hospital Doctor José Molina Orosa de Lanzatore y Hospital General de Fuerteventura, dependientes del Servicio Canario de la Salud (SCS).

La Dirección General de Recursos Económicos del citado organismo autónomo inició el pasado 12 de febrero el expediente de contratación para el suministro e instalación de los tres equipos, por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, lo que permitirá dotar a estos centros hospitalarios de su primer aparato de resonancia magnética en el transcurso de 2017.

De esta manera, los hospitales generales de las islas de La Palma, Lanzarote y Fuerteventura aumentarán su capacidad resolutiva con la incorporación de esta nueva prueba diagnóstica, lo que reducirá tanto el número de desplazamientos de los pacientes a los hospitales de referencia de Tenerife y Gran Canaria, como la lista de espera.

Cada equipo de resonancia magnética tiene un coste unitario de 900.000 euros, a los que se añadirán 200.000 euros más para ejecutar la obra de instalación en cada centro, que disponen de espacios reservados para este fin, y otros 560.970,84 euros para gastos de mantenimiento de los tres aparatos.

“Buenas noticias” para el Hospital del Sur de Tenerife
 
Por otra parte, el consejero de Sanidad, José Manuel Baltar, ha garantizado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que en un "plazo brevísimo de tiempo" habrá "buenas noticias" en torno a la reanudación de las obras del Hospital del Sur de Tenerife.

Baltar ha insistido en que la solución no pasa por aportar más dinero al proyecto sino por cumplir el contrato y encontrar una alternativa técnica, de las planteadas por la empresa, que no "deteriore" ni vaya "en contra" de los intereses de la Comunidad Autónoma.
 
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