La sanidad amenaza huelga, pese a que el Gobierno niega los recortes

El anuncio del Gobierno canario de un plan de ajuste en la Consejería de Sanidad después de haber detectado una desviación en la ejecución presupuestaria a mediados de año de unos 50 millones de euros, ha puesto en alerta a diversos colectivos. Los sindicatos alertan de que el ajuste hará que se dejen de hacer cientos de operaciones y advierten de la convocatoria de una huelga si el recorte se lleva finalmente a cabo.

Por el momento, la primera medida de los sindicatos ha sido, a través de la Intersindical, pedir la convocatoria de una reunión de la Mesa Sectorial en la que se encuentren presentes el consejero de Sanidad, Jesús Morera, y el presidente del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo, para que, oficialmente, “confirme o desmienta los graves recortes anunciados”.

La Intersindical añade que, en tal caso iniciarán “una inmediata campaña de desobediencia laboral a la que serían llamados el conjunto de sindicatos y trabajadores”. El sindicato UGT ha ido un poco más allá y ha sido el primero en mencionar la palabra huelga. En sendos comunicados, este último sindicato y CCOO presentan un panorama desalentador, ya que en su opinión, el ajuste significaría 905 operaciones quirúrgicas menos y 220 resonancias magnéticas menos solo en el Hospital Universitario de Canarias (HUC).

El Gobierno niega los recortes

El Gobierno regional, por su parte rechaza el término ‘recortes’ y asegura que los ahorros de aquí a final de año se van a producir eliminando las medidas extraordinarias y los “refuerzos” que se estaban aplicando. Con esto parece confirmarse que no habrá medidas de choque contra las listas de espera, aunque desde la consejería se prefiere destacar que no se va suprimir ningún servicio ni equipamiento, ni tampoco paralizar ningún proyecto ni infraestructura en ejecución.

“No se ha contemplado ningún tipo de recorte o reducción del presupuesto. No se detrae ni un euro del presupuesto previsto para este ejercicio, pero sí se organiza su ejecución de forma que sea suficiente para lo que resta de año, garantizando la atención sanitaria programada y urgente con toda normalidad”, explican desde el Servicio Canario de la Salud (SCS).

Además. se acentúan medidas de “mejora de la eficiencia”, como una revisión de los contratos de suministro para intentar lograr una rebaja del entorno del 5 por ciento en los costes de los suministros. “Las medidas de ajuste se aplicarán únicamente donde no sea imprescindible la cobertura”, añaden desde el departamento, garantizando el mantenimiento de la actividad actual en aquellas áreas más escasas de personal.

¿Cómo se ha llegado a esta situación?

Dos son las claves principales que desde la Consejería de Sanidad se mencionan a la hora de explicar cómo se ha producido un desvío que alcanza los 50 millones solo en el capítulo 1 del presupuesto (el de personal). En primer lugar están los días libres y de vacaciones que el Gobierno tuvo que dar a sus trabajadores por instrucción del Gobierno central y con los que no contaba a la hora de diseñar el presupuesto. Un gasto extraordinario que supuso varios millones de euros, al igual que los medicamentos de la hepatitis C, unos 36 millones que han tenido que asumir las distintas gerencias.

Además de esos gastos, la convocatoria de dos OPE, las necesidades derivadas de la apertura del Hospital de Tenerife Sur y las obras en Tenerife Norte y otros gastos sobrevenidos se apuntan como causas del desvío. Eso sí, según se apunta desde el Gobierno, unas gerencias se han excedido más que otras y el nivel de ajuste que tendrán que asumir, consecuentemente no será el mismo.

El Colegio insta a denunciar la lista de espera

El presidente del Colegio de Médicos de Tenerife, Rodrigo Martín, ha recomendado a los usuarios del Servicio Canario de la Salud (SCS) que denuncien de forma "masiva" el previsible aumento de las listas de espera que se producirá tras el fin de las medidas extraordinarias y de choque que se estaban llevando a efecto. Martín ha explicado que los pacientes están amparados por la Ley canaria de Sanidad sobre tiempos máximos de espera que, entre otras cosas, establece el derecho a denunciar si se exceden los tiempos.

Según ha explicado el presidente del órgano colegial, si se rebasan estos tiempos los pacientes podrán acudir a un hospital privado y el SCS tendrá que pagar las facturas, pero sólo si han denunciado previamente.