Gobierno y Cabildo de Tenerife invertirán 35 millones para atender a dependientes

Redacción. Santa Cruz
El Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife han firmado un convenio con el que se garantiza la asistencia a los dependientes (tanto personas mayores como discapacitados) de la isla, que en total suman 3.000 plazas en diversos centros, con un coste de 35 millones de euros.

El presidente del Cabildo de Tenerife, Ricardo Menchior, y el presidente Paulino Rivero rubrican el acuerdo.

El dinero ha sido aportado por el Gobierno de Canarias, en sus áreas de Política Social (13,6 millones) y Sanidad (4,9 millones), así como el Cabildo (que ha aportado 10,3 millones de euros). La aportación máxima para financiar las plazas de las personas que no tengan reconocida la situación de dependencia supera los 6,2 millones.

La consejera de Cultura, Deportes y Políticas Sociales, Inés Rojas, ha recordado que no se trata de la única política al respecto, ya que "el Gobierno, a lo largo de sucesivos consejos, ha aprobado una serie de servicios que no están contemplados en el convenio y que suponen 2.323 plazas más que financiamos con otros cinco millones". Además de las plazas en centros de día y de noche como las residencias, existen más de 14.000 personas que reciben atención a domicilio y 7.000 personas que reciben la atención a través de un familiar en el marco de la ley de dependencia.
"No sólo son las plazas. La ley de dependencia genera empleo y con esta firma estamos cubriendo a aquellas personas ven garantizado su puesto de trabajo", ha agregado.

Asimismo, Rojas ha informado de que, a lo largo de las próximas semanas, se procederá a la firma de los convenios con las otras islas, después de que también haya sido rubricado en El Hierro. En lo referente a la lentitud de la tramitación de las ayudas, la consejera ha asegurado que los trámites se van a agilizar. "La evaluación del Ministerio sobre la ley de dependencia es que es muy engorrosa, con una media de 18 meses para la resolución de un expediente y pretende agilizarlo al máximo", ha apuntado Rojas.

La responsable del área de Política Social ha señalado que el retraso se produce al calcular la capacidad económica de cada uno de los afectados, para calcular la ayuda económica que le corresponde. "Los datos de organismos como el catastro no están actualizados y hemos optado por, previa autorización de los afectados, establecer una relación directa con dichos organismos para tratar de reducir la espera a seis meses", ha subrayado.