Baleares refuta con datos que el inmigrante irregular colapse la sanidad

El Govern de Baleares niega que "la inmigración ilegal" colapse la sanidad pública de la región, a diferencia de lo que sostiene Vox. El Ejecutivo autonómico, en manos del Partido Popular, ha defendido que los datos expuestos en el Parlament por la diputada Manuela Cañadas no se ajustan a la realidad. "Hay cerca de 100.000 atenciones sanitarias con personas sin residencia legal, de un total de diez millones. Los datos que usted me da no representan ni un 1 por ciento de la actividad sanitaria", ha asegurado la presidenta del Govern, Marga Prohens.

De esta forma, Prohens ha rechazado con contundencia el relato de Vox, socio parlamentario que la invistió en el verano de 2023 y que permaneció en el Gobierno hasta el verano de 2024. Por su parte, Cañadas ha afirmado que "la verdad es incómoda, pero es inapelable: la sanidad pública de Baleares está siendo colapsada por la inmigración ilegal". La diputada de Vox ha alegado que los informes del Govern "confirman que entre 2024 y septiembre de 2025 el sistema ha registrado más de 200.000 atenciones a ilegales".

Además, Cañadas ha apuntado que "el dato más alarmante son las 28.000 estancias hospitalarias. Esto no es solidaridad, es una estafa a los trabajadores de Baleares, es un insulto al autónomo y al asalariado que ven como financiamos un efecto llamada de manual". La diputada también ha expuesto que cada mañana cuando abren los centros de salud "hay más de 300 turnos reservados para inmigrantes ilegales, 300 citas diarias que pierden los ciudadanos de nuestras islas que no podrán ver su médico porque el Gobierno ha decidido permitir al que llega de forma ilegal tener acceso a las mismas prestaciones para los que pagamos impuestos aquí".

García defiende la atención universal

Por su parte, la consellera de Salut, Manuela García, también ha sido interpelada por la diputada Patricia de las Heras, de Vox, por este mismo asunto. De las Heras ha indicado que no se puede ignorar que uno de los factores que agravan la presión asistencial es el "creciente volumen de atención sanitaria que se presta a personas en situación irregular, sin previsión ni dotación presupuestaria".

García, como Prohens, ha remarcado que la atención a las personas en situación irregular representó solo un 1 por ciento de consultas de Atención Primaria. En ese sentido, la consellera de Salut se ha opuesto a que este fenómeno ponga en peligro la sostenibilidad del sistema. De hecho, García ha hecho hincapié en que la atención también a este tipo de colectivos "lo que hace es dar seguridad al sistema, es algo que aprendimos con el covid".

"Excluir a cualquier grupo de personas supone abrir las puertas a brotes y riesgos epidémicos, y nuestra obligación es proteger a los ciudadanos. Limitar el acceso no es solamente injusto, es peligroso para la comunidad", ha sentenciado.