Amenaza de huelga en Aragón por el pago de las guardias en sanidad

Los sindicatos CSIF, CCOO, UGT y FTPS han anunciado este viernes 10 de abril que comienzan movilizaciones ante "la falta de voluntad negociadora" del Gobierno de Aragón. El próximo viernes 17 se concentrarán ante la sede de la Consejería de Sanidad y preparan un calendario de paros en los centros. También barajan la convocatoria de una huelga como último recurso. Estos cuatro sindicatos, que representan el 70 por ciento de la representatividad en la Mesa Sectorial, reclaman que se retomen las negociaciones pendientes en el seno de la mesa.

Representantes de los cuatro sindicatos han explicado este viernes en rueda de prensa los motivos para iniciar estas movilizaciones. Jessica Fessenden (CSIF), Delia Lizana (CCOO), Vanesa Pellicena (UGT) y María Jesús Domenech (FTPS) han insistido en que “la sanidad pública se compone de todos los profesionales que trabajan en ella”. Consideran “una falta de respeto” que el Gobierno provisional de Jorge Azcón no convoque la Mesa Sectorial y sí se reúna con los sindicatos médicos.

CSIF, CCOO, UGT y FTPS han solicitado la convocatoria de la Mesa Sectorial de Sanidad para retomar las negociaciones que iniciaron en diciembre y que están paralizadas por las elecciones autonómicas. Algunas cuestiones clave que afectan a todos los profesionales y que se estaba negociando son un nuevo acuerdo de carrera profesional con mejoras para todos, incluyendo al personal temporal y contando el tiempo de formación especializada (MIR, EIR, etc.), y la mejora de las retribuciones de las noches, festivos y guardias.

Los requisitos de los sindicatos

Para los cuatro sindicatos, es fundamental que el Gobierno de Aragón garantice el respeto a la Mesa Sectorial, evitar negociaciones excluyentes y abordar de una vez los problemas reales del sistema sanitario. Esta situación es reflejo de que el sistema tiene graves problemas estructurales.

Además, se defiende que las plantillas no se adecúan a las necesidades reales asistenciales, lo que provoca que los profesionales hagan más horas de las que deberían, asumiendo sobrecargas constantes por falta de recursos. Los centros de difícil cobertura padecen especialmente la falta de profesionales, sin soluciones eficaces y sostenidas en el tiempo. Todo ello conlleva, según el documento publicado, que la ciudadanía sufre los retrasos y el deterioro de la calidad asistencial.