El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha asegurado que "no existe corrupción sanitaria"

Juzgado en Andalucía.
Juzgado en Andalucía.


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"Ni ha existido, ni existe, ni existirá corrupción sanitaria en Andalucía", ha enfatizado este lunes Antonio Sanz, consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, sobre la decisión del Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla de archivar la causa de los contratos de emergencias del Servicio Andaluz de Salud (SAS) durante la pandemia de Covid-19. "La decisión del juzgado es que no existe índice de delito, no existen elementos o principios de prueba que avalen la existencia de delitos. Los hechos carecen de relevancia penal", ha defendido ante la prensa.

Así ha respondido Sanz, luego que se diera a conocer el carpetazo a la investigación abierta por una denuncia del Partido Socialista que cifraba en 242 millones de euros el valor de las contrataciones adjudicadas de forma irregular. En esa línea, ha señalado que "en el auto del archivo" el juez ha considerado que "no ha existido una actuación arbitraria o caprichosa ni un injustificado ejercicio de abuso de poder" por parte del SAS. "Más claro no se puede decir. Se emitieron memorias justificativas económicas e informes jurídicos que fundamentaron la necesidad de las contrataciones", ha subrayado el consejero, en defensa de cada una de las decisiones que se tomaron en cuanto a las contrataciones y a su desarrollo.


"No se benefició a nadie"


Sanz también ha subrayado que "no se benefició a nadie en concreto" y que "no consta empresa o asociación alguna que haya cuestionado la contratación de emergencia" del SAS, de la misma forma que "tampoco consta", según la decisión de los tribunales, "perjuicio a la Administración ni por exceso de gastos ni por pérdida del Fondo Europeo".

"Las resoluciones del Servicio Andaluz de Salud no rozan lo ilegal ni fueron dictadas por intereses ajenos a los públicos o generales y con desdén o indiferencia frente a la legalidad", ha destacado, defendiendo el argumento de la Junta y resaltando que "los contratos habían sido avalados por los informes jurídicos previos", tal como "lo reconoce la sentencia". 

Durante la indagación, el juzgado citó como investigados a la actual gerente del SAS, Valle García y a sus dos predecesores en el cargo: Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas, en el marco de la causa abierta tras una querella del PSOE en la que se denunciaban las contrataciones de emergencia cuando ya se había dado por finalizada la pandemia del Covid-19. Por eso, Sanz ha considerado que "no vale todo" y le ha solicitado al PSOE que "trabaje por ser alternativa para ganar las elecciones, pero que no dañe más al sistema".
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