El Defensor del Pueblo andaluz exige 'líneas rojas' para la sanidad pública

El aumento de las movilizaciones ciudadanas en Andalucía vinculadas a la calidad de la sanidad hace necesario un acuerdo que “fije límites infranqueables” en relación a la misma, ha señalado el Defensor del Pueblo, Jesús Maeztu, en un comunicado.

En ese sentido, ha considerado que el sistema sanitario público es uno de los “pilares del Estado del bienestar” y ha subrayado que es un “derecho fundamental que trasciende el limitado marco de garantías que le otorga su reconocimiento constitucional”.

La institución ha constatado que la "preocupación" por la sanidad pública andaluza "ha experimentado un crecimiento significativo, como lo atestigua el aumento de las quejas recibidas, y ha trascendido el ámbito de la queja o la reclamación para trasladarse a la calle en forma de manifestaciones multitudinarias".

Las manifestaciones no pueden ser ignoradas

"Una muestra tan significativa de malestar ciudadano no puede ser ignorada, ni menos aún descalificada o menospreciada, porque supone la expresión pública de un descontento con el funcionamiento del sistema sanitario andaluz, que se extiende desde hace tiempo entre el colectivo de profesionales de la sanidad y también entre usuarios y pacientes", añade el texto.

En cuanto a los motivos del descontento de la población, la institución señala los “retrocesos” en la calidad del sistema público debido a las medidas de austeridad derivadas de la crisis. Según Maeztu,  esa pérdida se ha materializado en el aumento de las listas de espera y de los copagos, entre otras cosas.

Además, añade que los profesionales han acusado la anulación o rebaja de las tasas de reposición del personal, algo que ha supuesto un incremento de la presión asistencial y una disminución de los recursos disponibles.

Pese a todo, el Defensor del Pueblo reconoce que, “a diferencia de otras comunidades autónomas”, la Junta de Andalucía ha establecido como prioritario el mantenimiento de la sanidad pública durante la crisis.

Por todo ello, la institución apuesta por un acuerdo "que fije los límites infranqueables para la defensa de la sanidad pública”.