Hasta 900.000 sanitarios se beneficiarán de la subida salarial anunciada por el Gobierno

Cristina Alcalá. Madrid
Entre 800.000 y 900.000 profesionales sanitarios se podrían beneficiar del paquete de medidas laborales y salarias anunciadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy para los empleados públicos, de los cuales, 560.000 trabajan en el Sistema Nacional de Salud (SNS) y el resto, en empresas públicas y concertadas, según estima el responsable de sanidad del sindicato CCOO, Antonio Cabrera.

Antonio Cabrera (CCOO); Fernando Molina (CSI-F) y Mariano Rajoy, presidente del Gobierno.

En las últimas horas, el Gobierno ha puesto sobre la mesa una serie de medidas que beneficiarían a los funcionarios del Estados, entre las que se incluyen, la devolución del 75 por ciento de la paga extraordinaria suprimida en 2012, un aumento salarial del 1 por cierto y aumentar la flexibilidad en la oferta de empleo público, iniciativas que Rajoy tendría la intención de negociar en la Mesa General de la Función Pública, espacio entre los sindicatos y el Ministerio de Hacienda, el próximo 16 de julio, según detallan a Redacción Médica fuentes del sector. No obstante, poco después del anuncio, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha matizado las medidas de su Ejecutivo, especialmente a lo que la devolución de la paga extra se refiere, hasta que no se conozcan los Presupuestos Generales del Estado para el año que viene y para “no entorpecer el diálogo con los sindicatos”.

Recuperación del empleo, prioridad en sanidad

Por su parte, los sindicatos consultados por este periódico acuerdan en señalar como “populistas” las medidas anunciabas por el presidente del Gobierno, especialmente ahora, que se trata de un año electoral y el Ejecutivo se juega su permanencia en La Moncloa. Tanto para CSI-F como para CCOO, el sector sanitario español tiene como prioridad recuperar la pérdida de empleo de los últimos años, que podría haber llegado a 50.000 puestos de trabajos menos (de los cuales, 30.000 corresponderían a personal fijo) desde que estallara la crisis económica en el país. Una problemática que el Gobierno, desde el momento, no ha incluido en su paquete de medidas para rescatar al funcionariado público.

Una proclama a la que se suma el sindicato enfermero Satse, quien, a través de un comunicado, ha demandado al Gobierno que trabaje hasta recuperar los derechos del personal sanitario, como el poder adquisitivo perdido y el aumento del empleo, especialmente para su sector, el más “diezmado” de la Unión Europea: España está a la cola, con 5.2 enfermeras por cada 1.000 habitantes, frente a las 8 enfermeras por cada 1.000 habitantes de la media europea.

El resto de medidas son insuficientes para los sindicatos

Del resto de ideas, las acogen con pinzas, ya que consideran que se quedan “cortas” para lo que estas organizaciones sindicales llevan reclamando durante años en las mesas de negociación. Para Fernando Molina, responsable de sanidad de CSI-F, el hecho de devolver gran parte de la paga ‘extra’ a los sanitarios “no es una concesión, sino una obligación que tiene el Gobierno” y que se está aplicando de forma desigual por todo el territorio (de hecho, algunas comunidades autónomas han empezado a reintegrarla, mientras que otras no, creando una brecha salarial entre los trabajadores).

Asimismo, tanto CCOO como CSI-F acuerdan en señalar que elevar un 1 por ciento el salario de los sanitarios para el próximo año es “insuficiente” por dos motivos: en el sector sanitario privado se subirá, como mínimo, un 1,5 por ciento para 2016 y porque, además, el empleado de la pública ha perdido, de media, entre un 25 a un 30 por ciento de poder adquisitivo en los últimos años. “A lo que hay que añadir la disminución en la carrera profesional y el aumento de jornada semanal de trabajo de las 35 a las 37,5 horas”, explica Cabrera.

No obstante, hasta que Gobierno y sindicatos no se reúnan, no se conocerán los acuerdos finales a los que habrán llegado ambas partes. Hasta el momento, unos y otros llevan años sin sentarse en la misma mesa de negociación, sino que el Ejecutivo ha presentado los presupuestos para el año siguiente ya cerrados, según denuncian estas organizaciones sindicales.

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