Redacción. Madrid
El Gobierno central insiste en que las competencias en sanidad deben permanecer en las comunidades autónomas y no retornar al Estado, según se desprende de una repuesta que hace al Grupo Parlamentario de UPyD en el Congreso de los Diputados en base a las peticiones que la Organización Médico Colegial (OMC) hizo hace unos meses, al evidenciar, en su juicio, “deficiencias” en el Sistema Nacional de Salud (SNS) con la gestión del ébola.
Rosa Díez y Mariano Rajoy.
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En esta iniciativa, recogida por Europa Press, el partido magenta denunciaba el reto que, a su parecer, se enfrenta el sistema sanitario español en relación a posibles nuevos casos de contagio por esta enfermedad y cómo se habían verificado estos defectos en el SNS. “Ha supuesto que organizaciones sanitarias del prestigio e importancia de la OMC o el Consejo General de Enfermería (CGE) señalen las deficiencias de nuestro sistema y que esta formación política viene denunciando desde su aparición”, reiteraban en su pregunta.
Petición en base al documento de la OMC
Para argumentarlo, el partido que lidera Rosa Díez ha hecho uso de un documento aprobado por la OMC en el que se resalta la “falta de coordinación” entre las administraciones a la hora de establecer criterios claros en la lucha contra el virus del ébola. “Ha quedado patente que la transferencia de la competencia de sanidad no ha sido beneficiosa”, remarcaba.
En dicho informe oficial, la organización médica resaltaba que “es necesario reprogramar el papel central y fundamental de la autoridad sanitaria central española y la de la Unión Europea, incluso sacrificando algunas competencias que la experiencia ahora nos dice que no debieron ser transferidas. A este proceso debería contribuir la evidencia de lo acontecido en las últimas décadas, el interés común y no impedirlo ni el interés político partidario o la arrogancia de un poder mal entendido”.
El CGE pide transferir solo salud pública
Por su parte, el CGE acotó más en sus declaraciones y aseguró, en medio de la crisis del ébola, que las transferencias al Estado deberían ser en materia de salud pública, como autoridad nacional “seria y rigurosa” para gestionarla, tal y como afirmó el presidente de este consejo, Máximo González Jurado.
Con todo ello, UPyD preguntaba al Gobierno si tenía intención de mantener estas competencias transferidas a las comunidades autónomas o iba a atender las peticiones de estas organizaciones científicas. El Ejecutivo, por su parte, se ha limitado a responder que ejerce las competencias que le corresponden según el orden constitucional de distribución de normas.
“En el ámbito de la sanidad y consumo, corresponde al ministerio la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de salud, planificación y asistencia sanitaria y de consumo, así como el ejercicio de las competencias de la Administración General del Estado para asegurar a los ciudadanos el derecho a la protección de la salud”, añade.
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