El Tribunal de Justicia de la República francesa ha abierto una investigación contra tres de los miembros del Gobierno que se encargaron de gestionar la crisis del coronavirus: el primer ministro, Édouard Philippe -que ya ha dejado sus funciones-, y los sucesivos titulares de Sanidad, Agnès Buzyn y Olivier Véran. Las denuncias contra el Gobierno las presentaron médicos, asociaciones y ciudadanos particulares desde el inicio del confinamiento a mediados de marzo. Las penas a las que se enfrentan pueden llegar a ser de dos años de prisión y 30.000 euros de multa.
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