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Enrique Pita / María Márquez / Imagen: Pablo Eguizábal. Madrid
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha empezado su comparecencia ante la prensa manifestando su “firme propósito de mantener la Ley de Dependencia, mejorándola para hacerla sostenible”. A continuación, retahíla de medidas justificadas en la “falta de control” y normativa “improvisada” del PSOE que ha dejado, según las cuentas de Mato, un desfase presupuestario de 2.700 millones de euros y la incorporación de 400.000 dependientes más de los esperados. Entre los pilares de esta nueva etapa, la rebaja de un 15 por ciento mínimo en las ayudas a cuidadores familiares (que las autonomías podrán aumentar); la “priorización” de grandes dependientes y severos, quedando los moderados y leves relegados a 2015; y la simplificación de los baremos en tres grados (gran dependencia, severa y moderada).

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha presidido el Consejo Territorial, flanqueada por el secretario de Estado de Servicios Sociales, Juan Manuel Moreno, y la consejera murciana, María Ángeles Palacios. En la mesa presidencial también se encontraban el secretario técnico del Ministerio, Sergio Caravajal (izq); la subsecretaria de Sanidad, María Jesús Fraile; y el director general del Imserso, César Antón (dcha).

Acompañada por el secretario de Estado de Servicios Sociales, Juan Manuel Moreno, Ignacio Tremiño, director general de Discapacidad, César Antón, director general del Imserso, y José Ignacio Echániz, consejero manchego y secretario de Sanidad y Política Social del PP, Mato ha justificado las medidas que próximamente estarán en marcha con el “colapso” en el que se encuentra una norma que, según ella, no ha sido valorada cuando se había estipulado (a los tres años) y que acumula una lista de espera de 300.000 personas. Esta situación “insostenible” obliga, según sus palabras, a una “reforma urgente” aprobada por el Consejo Territorial celebrado este martes.

Pese a la oposición de autonomías como Andalucía, País Vasco o Asturias, la nueva cara de la Ley se plasmará en la revalorización de la atención profesional y en una “revisión” de las cotizaciones a la Seguridad Social de los cuidadores familiares (solo las mantendrán los cuidadores ya incorporados al Sistema). Este último ha sido uno de los puntos más controvertidos del debate junto a otra “revisión”, la de la retroactividad para la concesión efectiva de la prestación o servicio, que pasa de los seis meses recogidos en la norma inicial a los dos años.

Por otro lado, el proyecto de Real Decreto sobre capacidad económica y participación del beneficiario, que contempla la inclusión de la vivienda del solicitante de la prestación en el nuevo modelo de copago, se basará, tal y como ha explicado el director general del Imserso, César Antón, en criterios “de proporcionalidad en función de la capacidad económica (incluyendo aquí renta y patrimonio) y del servicio recibido”.

Al término de su comparecencia, la ministra ha asegurado que los dependientes que ahora no puedan incorporarse a dicho Sistema, serán atendidos “por la red de servicios sociales que funciona en ayuntamientos y comunidades autónomas” puesto que, ha recalcado, en el presupuesto del presente ejercicio “no se ha tocado ni una sola de estas partidas”.

Montero: “Las reformas suponen un retroceso en la Ley”

En su debut en un Consejo Territorial del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, la consejera andaluza de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha mostrado su desacuerdo con las medidas adoptadas que, a su juicio, suponen un “retroceso” en la Ley de Dependencia. “Se ha cambiado el modelo primando algunas prestaciones residenciales por encima del resto”, ha asegurado. En este sentido, ha señalado que no se aporta “ningún estudio técnico” que demuestre que esta prestación es mejor que las demás y en su opinión “hay que propiciar que el lugar donde la persona reciba la prestación sea en su domicilio”, lo que no significa necesariamente dar prioridad a la prestación para cuidador familiar.

En cuanto a la propuesta de financiación, Montero ha resaltado que las partidas presupuestarias que corresponden a Andalucía no implican “necesariamente” una disminución de las cuantías totales, por lo que su preocupación se centra en el cambio de modelo, “que deja en un segundo o tercer nivel a las personas que no reciben una prestación residencial”.

La consejera andaluza ha recalcado que no ha habido consenso a la hora de adoptar las medidas y que ciertas autonomías, como la suya, Asturias o el País Vasco, han dejado muestra de su postura crítica ante las propuestas presentadas por Ana Mato, aunque ha reconocido que la voluntad del Gobierno andaluz es tender la mano al Ministerio para que “por criterios técnicos y profesionales” se adecúe la aplicación de la Ley a la realidad económica.

Echániz: “Un Gobierno inteligente debe reformar el Sistema de Dependencia para salvar lo que de bueno tiene”

José Ignacio Echániz.

Por su parte, el consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha y secretario de Sanidad y Asuntos Sociales del PP, José Ignacio Echániz, ha asegurado que el Gobierno debe actuar con inteligencia y “salvar lo bueno que tiene el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia”. Así, ha lamentado que tras la aprobación de la Ley el sistema no haya crecido como debería y ahora esté “enfermo, en grave crisis”, por lo que “tenemos la obligación de hacer reformas para salvarlo”.

Así, y con respecto a estas reformas abordadas en el Consejo Territorial, Echániz ha señalado que “son necesarias para su sostenibilidad y para dar apoyo asistencial a las personas que lo necesitan”. El problema de fondo es que “fue un sistema que nació para dar servicio a las personas dependientes y se ha convertido en un sistema de apoyo a las personas que prestan un servicio no profesional a las personas dependientes. No se ha creado empleo ni muchas de las cosas que esperábamos”, ha asegurado.

Cleries: “Algunos de los cambios afectan a las competencias autonómicas”

Josep Lluís Cleries.

El Gobierno de Cataluña “entiende” que era necesario hacer cambios en el modelo de financiación de la Ley de Dependencia porque seguir como hasta ahora “es insostenible”, ha asegurado el consejero de Bienestar Social y Familia, Josep Lluís Cleries, al término de la reunión. En este sentido, ha recordado que en 2011 la Generalitat tuvo que hacer frente al 70 por ciento de los costes de la Ley cuando el Estado solo hizo frente al 20 por ciento. Así, ha considerado que era “necesario” el paso de prestaciones económicas a servicios “para mejorar la atención a las personas en situación de dependencia”.

Sin embargo, ha denunciado que alguno de los cambios que se quieren hacer “afectan a las competencias de las comunidades autónomas” y lo ha recalcado con un ejemplo: “el borrador de Real Decreto establece el precio máximo de una residencia en 1.600 euros, cuando en Cataluña está establecido en 1.869 euros desde hace tres años”, por lo que el diferencial irá “a cuenta del beneficiario o de la comunidad autónoma”.

En cuanto al recorte de un mínimo del 15 por ciento en el montante económico de las prestaciones para cuidador en el entorno familiar, Cleries ha señalado que el Ministerio lo hace para dar respuesta al recorte efectuado previamente en el nivel acordado, porque si “se recorta el presupuesto alguien debía explicar cómo hacer frente a pagar los servicios”. “Acataremos esta medida porque no hay financiación, pero no vamos a aplicar más rebaja que este 15 por ciento”, ha explicado, porque lo que no es posible es atender a las personas “sin contar con recursos”.

Milagros Marcos.

Marcos: “Castilla y León irá más allá de la propuesta del Ministerio a la hora de primar los servicios”

Castilla y León ha apoyado taxativamente la propuesta del Ministerio de recortar en un 15 por ciento como mínimo la prestación económica que reciben los cuidadores familiares de personas dependientes, que va en la línea de primar la prestación de servicios por encima de las prestaciones económicas. Así lo ha expresado la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, que además ha reclamado “flexibilidad” para que las autonomías que lo deseen, como la que ella representa, puedan primar aún más los servicios.

Por otra parte, y con respecto a las medidas que afectan al copago, Marcos ha asegurado que Castilla y León “no tendrá que modificar las condiciones” que tiene en vigor y que fueron pactadas con los agentes del sector.

Zabaleta: “Una cosa es reformar la Ley para hacerla sostenible y otra cosa es recortarla”

La consejera vasca de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, ha recalcado que no es lo mismo “reformar la Ley de dependencia para hacerla sostenible que recortarla”, que es en su opinión lo que está haciendo el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. “Por la vía del recorte no se puede avanzar”, ha asegurado, y ha señalado que “la reforma que se nos propone hace que paguen más personas y que además paguen más dinero”.

Gemma Zabaleta.

Por otra parte, Zabaleta ha señalado que las propuestas del Ministerio van directas “a la línea de flotación de la atención domiciliaria”, algo que choca frontalmente con las políticas del Ejecutivo vasco, que viene apostando “por los cuidados en el domicilio pero con derechos, con capacidad de elegir, con prestaciones y con servicios, porque las personas mayores donde quieren vivir y recibir atención es en el domicilio”. Así, ha asegurado que “el Gobierno vasco no está a favor de que se primen los servicios residenciales, de que se responda a los intereses de los lobbies que lo único que quieren es apostar por los servicios residenciales” cuando los países europeos más avanzados en la atención a personas dependientes “han avanzado por el camino del cuidado en el domicilio, por el cuidado con creación de empleo, con prestación de servicios, con servicios de proximidad”.

Con respecto a la decisión de eliminar la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores familiares, Zabaleta ha recalcado que “la reforma va a dinamitar la Ley de Dependencia”. “No podemos permitir que bajo el manto y bajo la excusa de la crisis vayamos desmantelando progresivamente todas las conquistas del estado del bienestar. Primero fue la educación, después la sanidad, y ahora los servicios sociales”, ha concluido.
 

A la izquierda, la ministra Ana Mato llega a la reunión acompañada del secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno. A la derecha, Mato saluda a la consejera andaluza, María Jesús Montero.

La ministra Mato (derecha), junto a la consejera de Sanidad y Política Social de Murcia, María Ángeles Palacios, y el director general del Imserso, César Antón.

De izquierda a derecha, la consejera de consejera de Bienestar Social de Asturias, Esther Díaz; la consejera gallega de Trabajo y Bienestar Social, Beatriz Mato, y Pilar Ardanza, diputada de Acción Social en la Diputación Foral de Vizcaya.

A la izquierda, el consejero de Salud y Política Social de Extremadura, Luis Alfonso Hernández Carrón. En el centro, el consejero de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria. A la derecha, Carmen Balfagón, directora general de Coordinación de la Dependencia de la Comunidad de Madrid.

De izquierda a derecha, el consejero de Justicia y Bienestar Social de la Comunidad Valenciana, Jorge Cabré; la directora general de Atención a la Dependencia y Prestaciones Sociales de La Rioja, Carmen Corral, y el consejero de Salud y Servicios Sociales, José Ignacio Nieto.

De izquierda a derecha, el consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, Ricardo Oliván; la consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda de Canarias, Inés Rojas; el consejero de Políticas Sociales de Navarra, Jesús Pejenaute, y la consejera de Sanidad y Servicios Sociales de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga.