24 mar 2019 | Actualizado: 19:00

Evaluación común de tecnología sanitaria: España pide que sea "voluntaria"

Sanidad no comparte la obligatoriedad del uso de los informes de evaluación conjuntos que propone el Reglamento

Fachada del Ministerio de Sanidad.
Evaluación común de tecnología sanitaria: España pide que sea "voluntaria"
mié 13 marzo 2019. 11.30H
El pasado 3 de octubre, el Parlamento Europeo aprobó el Reglamento Europeo de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (HTA, por sus siglas en inglés), que propone la obligatoriedad del uso de los informes de evaluación conjuntos. Sin embargo, España se muestra "a favor de la colaboración voluntaria, pero no comparte la obligatoriedad de asumir las evaluaciones conjuntas".

Así lo ha expresado el Ministerio de Sanidad a través de una respuesta parlamentaria a una pregunta de Jesús María Fernández, portavoz socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados. El departamento liderado por María Luisa Carcedo subraya la adopción, "si así se considera y de forma no obligatoria", de la evaluación clínica a nivel europeo como propia, pero rechaza que la aplicación y el uso sea obligatorio.


La obligatoriedad "puede suponer un riesgo" a la hora de mantener la independencia de las evaluaciones nacionales


Además, Sanidad advierte de la posibilidad de que "una evaluación única para sistemas de salud con muy distintos niveles de cobertura y de financiación no permita alcanzar mejor los objetivos de protección a la salud y una eficiente asignación de recursos sin entrar en colisión con responsabilidades exclusivas de los Estados miembros".

En esta línea, la Administración española considera que esta propuesta de obligatoriedad "puede suponer un riesgo" a la hora de mantener la independencia de las evaluaciones de tecnología sanitaria nacionales. Además, alerta de que "algunos artículos de la HTA pueden suponer un retroceso para España en relación con el actual sistema de fijación de precio y reembolso, que pudiera afectar a la calidad del sistema sanitario".

De cualquier forma, en el contexto de la obligatoriedad, el Ministerio dirigido por María Luisa Carcedo subraya la importancia de "garantizar la calidad" de los informes de evaluación conjuntos con el objetivo de que "contengan los elementos necesarios que ayuden a la toma de decisiones en los Estados miembros". Según explica Sanidad, la forma de cooperación de los Estados miembros ya está prevista en el Reglamento a través del Grupo de Coordinación y será competencia de cada país decidir sobre las personas o expertos que deben formar parte de ese Grupo.

Actualmente, la puesta en marcha del Reglamento se encuentra en debate y negociación en el Grupo de Trabajo de medicamentos y productos sanitarios del Consejo de Europa, del que forma parte el Ministerio de Sanidad.
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