Sanidad es el quinto ministerio con menos 'cantera' de funcionarios jóvenes

Los funcionarios jóvenes brillan por su ausencia en la Administración General del Estado, en general, y en el Ministerio de Sanidad en particular. Según los últimos datos de CSI-F, en estos momentos tan solo hay 1.338 empleados públicos con menos de 30 años de una plantilla de 190.858 personas, de los cuales, 31 prestan servicio en el departamento que dirige Dolors Montserrat (2,31 por ciento del total).

Con estas cifras, Sanidad es el quinto ministerio que menos ‘cantera’ de jóvenes tiene trabajando, solo superada por Fomento (la primera, con cuatro trabajadores menores de 30 años); Industria, Energía y Turismo (con nueve); Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (con 12); y Presidencia (con 14). Al otro lado de la balanza, Educación, Cultura y Deporte es el ministerio con más funcionarios de estas características (232), seguido de Economía y Competitividad (219) y Hacienda y Administraciones Públicas e Interior, que ambas tienen 172.

De los 31 empleados públicos con los que cuenta el Ministerio de Sanidad, 26 se engloban dentro del Departamento de Seguridad Social y cinco, en resto de personal, según las cifras de este sindicato.

Por el contrario, CSI-F denuncia que en los últimos seis años, el número de trabajadores mayores de 50 años ha aumentado un 24 por ciento, hasta alcanzar actualmente las 122.193 personas, de los cuales, 28.000 tienen más de 60 y se encuentran a las puertas de la jubilación.

Ante este panorama, CSI-F reclama al Gobierno un “plan de choque urgente para garantizar la viabilidad de la AGE”, ya que en su opinión, “en apenas seis años ha visto reducida en un 80 por ciento su ‘cantera’ de personal joven como consecuencia de las políticas de recorte”. Pero no solo eso, también reclama “cubrir las necesidades en el tiempo para que no se produzcan desequilibrios” y una negociación efectiva de la relación de puestos de trabajo. 

Asimismo, para acabar con esta situación, el sindicato reclama que se elimine de una vez por todas la tasa de reposición y se lleve a cabo un plan de recursos humanos para afrontar esta “situación de emergencia”, además de garantizar la carrera profesional, la movilidad y detener el proceso de privatización.