Sánchez cierra con reservas la polémica antiabortista de Castilla y León

El Gobierno ha enviado este viernes un comunicado en respuesta a la Junta de Castilla y León  en el que refleja una “rectificación oficial” de la intención inicialmente manifestada por el gobierno de Castilla y León con el nuevo "plan antiaborto" de proceder según lo anunciado el pasado 12 de enero y reiterado en días posteriores en relación.

En él se expresa que el ejecutivo autonómico “ha acatado formalmente” el requerimiento por haberse abstenido de adoptar y aplicar, o por haber dejado sin efecto, aquellas “actuaciones materiales, protocolos, acuerdos, instrumentos o comunicaciones” que, invadiendo las competencias estatales, incumplieran la normativa estatal y menoscaban los derechos de las mujeres.

Castilla y León aseguraba en su escrito previo que no se había producido “vía de hecho, ni acto tácito alguno, pues nada se ha efectuado ni aprobado en su seno” y que “tampoco nada se ha transmitido posteriormente a los profesionales del sistema público sanitario de la Comunidad de Castilla y León al respecto, ni por escrito ni verbalmente”.

España, en alerta ante las contradicciones de responsables de la Junta de la CCAA

Sin embargo, el Gobierno sigue preocupado por las contradicciones entre el contenido de la documentación oficial y la comparecencia de este jueves tras el consejo de gobierno, donde el portavoz autonómico expresó ante los medios que las medidas de atención a embarazadas del 12 de enero (ofrecer a las mujeres escuchar el latido fetal en las primeras semanas y hacerse una ecografía 4D), seguían adelante.

Dentro del escrito se incluye que el portavoz reconoció que se trata de una “mejora de las prestaciones en el ámbito sanitario” y que la nota de prensa que aún está publicada en la web oficial de la Junta tras el consejo de gobierno “sigue vigente”. El Gobierno insiste en su comunicado que estas circunstancias “no se van a tolerar ni consentir”.

El Gobierno de España remitirá una carta al Consejero de Presidencia de la comunidad

Como respuesta a estas contradicciones, en el documento se expresa la decisión del Gobierno de remitir una carta al Consejero de Presidencia de la Junta de Castilla y León. “Se le recordará nuevamente que resulta contrario a la legalidad vigente y a nuestro orden constitucional de distribución de competencias que una comunidad autónoma adopte cualquier medida encaminada a obligar, indicar, ofrecer, recomendar o sugerir a la mujer embarazada que ha decidido libremente interrumpir su embarazo o no haya manifestado expresamente su intención de llevar este a término, la utilización de cualquier tipo de prueba ecográfica (como la Eco Doppler) fuera de las indicaciones avaladas por la evidencia científica y recogidas en las guías de práctica clínica”,  indican.

El documento concluye que, si Castilla y León decidiera materializar por cualquier vía su intención de actuar al margen del marco normativo,  el Gobierno se reserva la posibilidad de “emprender cuantas acciones legales resulten oportunas”.