Según fuentes sindicales, cuando una mutua solicite el alta de un trabajador el médico de Familia tendrá 5 días para confirmarla o rechazarla. De no hacerlo, el inspector del INSS dispondrá de 4 días para hacerlo en su lugar y tendrá la última palabra



9 jul. 2014 21:50H
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Redacción. Madrid
El Consejo de Ministros aprobará este viernes el anteproyecto de ley de Mutuas de la Seguridad Social junto con el ya anunciado anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales, han informado a Efe fuentes del Ministerio de Empleo. En este Ministerio, este miércoles se ha reunido el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, con representantes de la patronal CEOE y Cepyme y de los sindicatos CCOO y UGT a quienes han entregado el último borrador del anteproyecto de ley al objeto de que lo estudien y hagan sugerencias, si bien estas aportaciones previsiblemente sólo podrían incluirse en la tramitación parlamentaria.

Tomás Burgos, secretario de Estado de Seguridad Social.

Fuentes sindicales han explicado que en este último borrador las mutuas ya no tendrán la potestad de dar el alta pero seguirán manteniendo una excesiva vigilancia sobre el sistema, "como si los médicos del sistema público no tuvieran capacidad". Según estas fuentes, la propuesta del Gobierno establece que la mutua puede proponer el alta de un trabajador al médico de cabecera, y este deberá estimarla o rechazarla en un plazo de cinco días. Si en esos días no hay contestación, la mutua podrá solicitar ese alta al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) que tendrá a su vez un plazo de cuatro días y el compromiso de dar una respuesta.

De esta forma, el nuevo borrador no activa el punto más polémico de la ley que permitía a la mutua dar el alta al trabajador si el médico de cabecera no había respondido en el plazo de los cinco días marcados, lo que se entiende como "silencio administrativo positivo". Así, y según las fuentes sindicales, los inspectores del INSS serían los que toman la decisión sobre la propuesta de la mutua y, en definitiva, tendrían la última palabra.

Estas fuentes han criticado que pese a tener el nuevo borrador, no se haya abierto un procedimiento específico de consultas ni se haya dado un plazo a sindicatos y patronal para presentar sus sugerencias. No obstante, los interlocutores sociales han valorado que Empleo se haya mostrado dispuesto a "seguir hablando" aunque no se haya abierto un proceso de concertación y todas las aportaciones parece que sólo tendrán cabida en el trámite parlamentario.

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