Nuevo modelo residencial: enlace sanitario y mejor ratio de profesionales

El Ministerio de Derechos Sociales y las CCAA han aprobado el Acuerdo de Acreditación y Calidad de Centros y Servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) por el que se fija los requisitos mínimos que deben cumplir los servicios de dependencia en España. Se trata de un nuevo modelo de residencias para el que, según apunta Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales, se incrementará progresivamente el número de profesionales, de forma que las ratios se eleven a lo largo de los próximos años hasta que haya un profesional de atención directa por cada dos residentes.

Asimismo, el acuerdo apuesta por la mejora de las condiciones laborales de los profesionales, por lo que se establece que al menos el 80 por ciento de los contratos del sector serán indefinidos y el 66 por ciento a tiempo completo.

Por otro lado, este nuevo modelo persigue la mejora de la coordinación mediante un profesional con funciones de enlace con el sistema sanitario. “Las personas que viven en residencias deben tener acceso a una atención sanitaria en igualdad de condiciones que el resto de la población”, apunta el secretario de Estado del departamento de Ione Belarra.

Fin de las macro residencias

El acuerdo ha contado durante la negociación con la oposición de las patronales en algunos puntos determinados, como el de la apuesta por el fin de las macro residencias. En adelante, según dicta el texto, no se podrán construir nuevas residencias de más de 75 plazas en zonas rurales; 90 plazas en zonas de densidad media; y 120 en zonas urbanas.

También las nuevas residencias deberán garantizar que un 65 por ciento de las habitaciones son de uso individual. Igualmente, se contempla la organización de las residencias en unidades de convivencia de máximo 15 personas, con atención personalizada y apoyos flexibles. Una medida que será de obligado cumplimiento, tanto para las nuevas residencias como para las ya existentes.

“Cumplir años o tener una discapacidad no debe implicar una renuncia al derecho a la intimidad o la privacidad. Por ello, las nuevas residencias deberán garantizar que un 65 por ciento de las habitaciones son de uso individual”, señala Álvarez.

Asimismo, entre otros puntos, se estipula que en un plazo de tres años deberán quedar erradicadas todas las sujeciones físicas, mecánicas y farmacológicas; se garantizan las visitas de familiares y allegados "siempre que las personas residentes lo deseen"; y se potencia el servicio de atención a domicilio, la teleasistencia avanzada y los centros de día, creando equipos profesionales estables de proximidad que permitan esa atención personalizada en el entorno comunitario.