Nuevas reglas fiscales y pensión para salvar la sanidad del envejecimiento

En 2017, por primera vez en la historia democrática del país, el número de ciudadanos españoles mayores de 64 años con derecho a voto superó al de ciudadanos menores de 35 años. Una realidad que puso en preaviso a la sociedad de nuestro país, aparte de poner encima de la mesa uno de los mayores retos a los que se enfrentará el sistema sanitario: el envejecimiento.

El cambio intergeneracional pasará factura, entre otros, al Estado de Bienestar. Según un paper de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), las pensiones pasarán del 12,9 por ciento al 16,1 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) entre 2023 y 2050. Pero no solo eso, ya que el gasto sanitario aumentará 1,4 puntos adicionales y la atención a la dependencia sumará otros 0,6.

Los datos son claros. El gasto asociado al envejecimiento alcanzará el 25,5 por ciento del PIB en 2050, lo que significa un aumento de cinco puntos por encima del nivel actual. Es decir, sin modificar una sola norma, tal y como apunta el escrito, la deuda pública superaría el 129 por ciento del PIB en 2050 y el 181 por ciento en 2070.

Aunque se trata de una situación a la que se llegará de forma progresiva, los economistas plantean el 2030 como el comienzo de una 'era'. En el texto publicado por José Ignacio Conde-Ruiz se explica que, al final, las pensiones crecen porque cada cohorte que se jubila es más numerosa y las percibe durante más años. Asimismo, el gasto sanitario aumenta por el consumo de servicios de salud, que se concentra en los últimos años de vida.

A esto se suma que la demanda de cuidados de larga duración se dispara porque crece exponencialmente a partir de los años 80 de edad, y las cohortes del baby boom español comenzarán a alcanzar esas edades a partir de la tercera década de este siglo. De esta forma, más gasto en prestaciones vinculadas a la edad implica más deuda, y más deuda implica más carga tributaria sobre los trabajadores del futuro. 

Del sesgo institucional a la participación de los jóvenes

No obstante, el texto plantea la existencia de un 'sesgo institucional' hacia el presente o hacia la edad. Concretamente, se explica que el sistema político y presupuestario, al final, favorece de forma automática a las generaciones mayores en detrimento de los jóvenes. Básicamente porque las instituciones democráticas responden mejor a quienes votan y están organizados que a aquellos cuyos intereses son a largo plazo, más difusos y con menor peso y representación electoral. 

Encima de la mesa una situación cuyo abordaje requiere de voluntad política, e incluso de la propia sociedad. Son tres las claves que plantea el economista en el paper para reducir el impacto del envejecimiento en España. En primer lugar, para mitigarlo y corregir el sesgo institucional hacia las cohortes mayores, el texto propone otorgar mayor peso político a los jóvenes y a las generaciones futuras.

¿Cómo? El estudio sugiere rebajar la edad de voto a los dieciséis años. "La experiencia de Austria, Escocia y varios Länder alemanes apunta que el voto adolescente no es meramente simbólico, ya que aumenta la participación cívica a largo plazo y, en la medida en que amplía el peso relativo de los votantes jóvenes, presiona a los partidos para que atiendan sus intereses", detalla.

Por otro lado, los economistas plantean que los jóvenes formen parte del Pacto de Toledo, donde se negocia el sistema de pensiones que ellos mismos financiarán y percibirán. La propuesta también incluye la obligación de incorporar una memoria de impacto intergeneracional en toda nueva norma que tenga efectos significativos sobre las próximas generaciones. Esta herramienta permitiría cuantificar de manera estandarizada cómo se distribuyen los costes y beneficios de las leyes entre las distintas franjas de edad. 

Rediseño de reglas fiscales para ahorrar en sanidad

Además, otra iniciativa pasa por el rediseño de las reglas fiscales. El documento subraya la necesidad de cumplir con la prohibición del déficit estructural recogida en la Constitución y propone ir un paso más allá mediante una 'regla de simetría'. Se exigiría así que por cada euro adicional destinado a programas enfocados en los mayores se asigne obligatoriamente otro euro a políticas de futuro.

En lo relativo a la modernización del Estado del bienestar, se plantean ajustes técnicos en el sistema de pensiones. Por ejemplo, computar toda la vida laboral del trabajador para el cálculo de su pensión inicial. La segunda medida requeriría recuperar el 'factor de sostenibilidad', un mecanismo automático que ajusta la cuantía de las nuevas pensiones en función del aumento de la esperanza de vida en el momento del retiro.

El autor asegura que para capturar el 'segundo dividendo demográfico', hay que impulsar el ahorro complementario a través de planes de pensiones de empleo. La herramienta para lograrlo sería la adhesión automática o auto-enrolment, un esquema que inscribe por defecto en un plan de ahorro compartido con la empresa, apoyándose en la inercia del comportamiento humano, aunque manteniendo la libertad de abandonar el plan voluntariamente. 

Quedan 24 años para que llegue una de las fechas subrayadas en rojo por el estudio. Quedan más de 20 años para que se tomen medidas en este gran reto de la sanidad y la dependencia.