Aunque ninguna CCAA deja de prestar servicios, el gasto extra que deben asumir provoca que aumente la deuda

Modelo de financiación sanitaria a la carta como vía para reanimar el SNS
Foto de familia de la XXVI Conferencia de Presidentes, en la que también está presente el el rey Felipe VI.


17 dic. 2022 9:50H
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La negociación de los presupuestos autonómicos de 2023 y los consiguientes anuncios para darlos a conocer han vuelto a poner en el foco la necesidad "urgente" de revisar el modelo de financiación autonómico. A excepción de País Vasco y Navarra, que no les afecta, son diversas las regiones que exigen actualizar este sistema vigente desde el 2009 y que debería haber sido objeto de una revisión en 2014, según critican fuentes autonómicas.

Algunas de las comunidades autónomas más insistentes en esta cuestión son Cataluña, Andalucía, la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia, Galicia, Asturias y Baleares. En conjunto, estas regiones tienen estimado que en sanidad dejan de percibir cada año más de 3.000 millones de euros. Si bien esta infrafinanciación no hace que presten menos o peores servicios que los territorios que están más conformes con él y su acuerdo particular con el Gobierno central, sí les perjudica ya que tienen que aumentar la deuda autonómica.

Así, a las puertas de 2023, catorce años después de la aprobación del actual modelo de financiación autonómico, hay un acuerdo mayoritario en cuanto a revisar el modelo de financiación, por lo que abogan por "grandes consensos entre todos los territorios del Estado".

¿Qué CCAA tienen un mayor déficit?


Según las consultas realizadas por Redacción Médica a las consejerías de sanidad, las comunidades autónomas que aseguran tener una mayor infrafinanciación como consecuencia del vigente modelo de financiación autonómico son Cataluña y la Comunidad Valenciana. El que fuera conseller de Salut de la Generalitat de Cataluña Josep Maria Argimon esgrimió en una entrevista reciente que países de referencia como Dinamarca o Reino Unido dedican un 8 por ciento de la riqueza que generan a sus sistemas de salud. En Cataluña esa cifra sería de 19.000 millones de euros, que "tras solidaridad con otros territorios, te dejaría un presupuesto de 16.000 millones de euros", lo que supone 2.000 millones de euros más que el gasto del Departament de Salut en 2022.

En esa misma línea se ha manifestado esta semana la consellera de Economia i Hisenda, Natàlia Mas, que en el Parlament, coincidiendo con el debate de la concesión de un suplemento de crédito de 376 millones de euros para Salut, ha puesto de relieve "la infrafinanciación crónica" que sufre el sistema sanitario y ha alertado que "hace falta actuar con celeridad". Además, ha destacado que el hecho que el gasto social del covid pase a ser estructural "hace que sea más urgente revisar el modelo de financiación".

La Generalitat Valenciana tiene una infrafinanciación estimada anual de 1.376 millones de euros. Fuentes de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic explican que presupuestan este gasto en sus cuentas aunque no lo vayan a recibir "de forma reivindicativa" y la consecuencia para mantener unos estándares óptimos de calidad en la asistencia es que aumenta la deuda. En base al porcentaje que el Ejecutivo regional destinará sobre el total del presupuesto de 2023 a sanidad, que es de un 30 por ciento, la Generalitat deja de percibir cada año 413 millones de euros del Estado, que en parte algunos también corresponden a los 803,2 millones de euros que el Consell reclama al Gobierno central por la atención sanitaria a pacientes de otras comunidades autónomas y colectivos extranjeros.

Andalucía y Murcia, casi 700 millones anuales


"El actual sistema de financiación autonómica infrafinancia a Andalucía", indican fuentes de la Junta y así lo ratificaron en un documento firmado por todos los grupos parlamentarios, menos Ciudadanos, cuando la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, era la consejera de Hacienda en la región.

"Desde 2009 Andalucía recibe menos recursos de los que les corresponde lo que provoca que las principales competencias traspasadas a las comunidades autónomas, como Salud, reciban menos cantidad de la que necesitan", argumentan. Como en todas los territorios, Sanidad es el área al que los Gobiernos destinan un mayor presupuesto y la Consejería de Salud y Consumo estima que "la sanidad andaluza deja de percibir cada año entre 300 y 400 millones de euros".

Misma queja desde la Consejería de Hacienda de la Región de Murcia, que califica la propuesta de reforma de hace un año por parte del Gobierno central como "una cortina de humo, una propuesta trampa que se centraba de manera interesada en el aspecto que menos consenso genera entre las comunidades autónomas, el de la población, para así poder enterrar la reforma y echar la culpa a las regiones".

Murcia considera que cada año recibe 800 millones de euros menos de los que debería, por lo que pide una reforma del sistema de financiación autonómica "justa, equitativa y suficiente". Así, el déficit que registra la región en sanidad es de 320 millones de euros, porque en los presupuestos de 2023 dedica el 40 por ciento a este ámbito.

Asturias, Galicia y Baleares


Asturias, Galicia y Baleares son otras de las comunidades autónomas que más han lamentado y reprochado públicamente el actual modelo de financiación y de hecho lo han hecho de forma conjunta en algunas reuniones que han mantenido entre los presidentes y presidentas de otras regiones afines en esta petición.

Tanto el presidente de Asturias, Adrián Barbón, como el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, han coincidido en la urgencia de una "financiación autonómica que atienda a la dispersión poblacional", ya que los servicios sanitarios que prestan en la actualidad les cuesta más que a otras regiones. También está de acuerdo con esa idea Baleares tras una reunión con la Comunidad Valenciana y ambas presionan por una reforma del sistema de financiación.

No obstante, a diferencia del resto de comunidades autónomas mencionadas, Asturias, Galicia y Baleares no han estimado un cálculo aproximado de los recursos económicos que dejan de percibir anualmente, por lo que desconocen la cifra exacta que deberían ingresar y no lo hacen por parte del Estado para dedicar a sanidad.
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