Las CCAA coinciden en valorar la orografía para invertir "mejor" en sanidad

Después de una semana de espera ya se ha celebrado el ansiado Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado en profundidad a los representantes regionales de cada departamento de la rama cómo será el nuevo modelo de financiación autonómica que decidirá cómo se reforzarán las inversiones en sanidad a partir de 2027. Tal y como dejaron claro antes del encuentro muchos de los Gobiernos, el rechazo al mismo ha sido casi unánime. De hecho, solo Cataluña se ha mostrado satisfecha, ya que el resto han pedido que factores como la despoblación, la orografía, la dispersión geográfica o la insularidad se valoren más para poder garantizar las prestaciones sanitarias en cada servicio de salud.

"El Ejecutivo de Sánchez ha presentado una propuesta clara y concreta. Hoy se abre una ventana de oportunidad", ha subrayado la consellera de Economia y Finances del Govern de Catalunya, Alicia Romero. De hecho, se ha comprometido a "convencer" a los grupos parlamentarios para que el nuevo planteamiento siga aldente. "Así, podremos tener más recursos para financiar el Estado de Bienstar", ha apuntado.

No obstante, la financiación de la sanidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) "no se verá beneficiada" con la propuesta de Montero según el resto de Ejecutivos. Un modelo que será voluntario, es decir, las comunidades autónomas tendrán la opción de seguir siendo financiadas mediante la hoja de ruta ya establecida, igual que se decretó con la condonación de la deuda. 

Los socialistas, abiertos al diálogo para garantizar la sanidad

El Principado de Asturias, liderado por socialistas, aunque este lunes se mostró descontento con el nuevo reparto, ha admitido cambios en su posicionamiento. "Valoramos positivamente que la ministra se haya comprometido a reforzar el Fondo de Compensación Interterritorial. Esperamos que se recojan con mayor intensidad factores como el coste de los servicios para garantizar la educación o la sanidad", ha afirmado la vicepresidenta del Gobierno autonómico, Gimena Llamedo, al término del Consejo. Aunque no han sido los únicos indicadores que ha mencionado: "Hemos trasladado la importancia que tiene para el Principado el envejecimiento o la orografía".

Además, ha considerado positivo que este planteamiento económico sea "un punto de partido" y "no un documento cerrado". "La sanidad asturiana es la mayor inversión de todo el Estado, y Asturias quiere seguir prestando servicios de calidad", ha reivindicado. 

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de Castilla-La Mancha -Ejecutivo también socialista-, Juan Alfonso Ruiz, ha admitido irse "preocupado" del encuentro. "El principio de ordinalidad de la propuesta plantea que quien más tiene reciba más. Va en contra del principio de igualdad que debemos defender y que algunos defendemos desde la izquierda", ha puntualizado. De todas formas, ha trasladado a la prensa que confía en conseguir "un modelo que satisfaga al 98 las inquietudes que la financiación de los servicios públicos tiene para las autonomías". 

Rechazo popular a la propuesta de Montero

Sin embargo, las comunidades gobernadas por el Partido Popular sí que han mantenido su posición previa. Desde Cantabria, una de las comunidades en situación de satatu quo, han mostrado su rechazo al sistema. El consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Financiación Autonómica, Luis Ángel Agüeros, incluso ha definido la actual propuesta como "perniciosa y perjudicial" para Cantabria. 

Según ha explicado, de los 21.000 millones de euros, a su región no le llegará "ni un euro". Aun así, el Ejecutivo autonómico ha emplazado a la ministra para que convoque "próximamente una nueva reunión" en la que se pueda avanzar en la línea del anterior modelo. 

Desde su punto de vista, "Cantabria no está sobrefinanciada, tal y como recoge el documento, al consderar que es la que más recibe por habitante". "El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla asume habitualmente pacientes de otros territorios, cuyo coste impacta cada vez más en las cuentas de la comunidad", ha reiterado. 

Tampoco ha estado de acuerdo con el reparto el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo. "Esa propuesta supone que una comunidad autónoma como Castilla y León, que tiene el 20 por ciento de la superficie de España y algo más del 5 por ciento de la población de las comunidades autónomas del régimen común solo vaya a recibir el 1 por ciento de los nuevos fondos que se van a repartir en el nuevo contexto nacional", ha criticado.

Durante su intervención, aparte de tachar el nuevo modelo como un "favor político a los independentistas", ha afeado que "desde la semana pasada no se haya querido dar ninguna información de los datos desde los que se construye la evolución del modelo": "Se los hemos pedido la mayoría de las comunidades autónomas y se ha negado a dar esa información".

Hacía una posible negociación para reforzar sevicios públicos

Por su parte, el consejero de Hacienda de la Región de Murcia, Luis Alberto Marín, ha demandado un mayor diálogo entre el departamento de Montero y las regiones. "De las quince comunidades autónomas, solo una ha manifestado su acuerdo o su aprobación a esta supuesta propuesta de financiación", ha reprochado. 

De todas maneras, el Ejecutivo liderado por López Miras seguirá pendiente de seguir negociando. "Está en juego la sanidad, la educación y las políticas sociales de los ciudadanos de nuestros territorios", ha destacado. 

Sobre el voto a favor de Cataluña también se ha pronunciado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García. "No vamos a estar de acuerdo con un modelo que es perjudicial para los madrileños, pero, sobre todo, no vamos a estar de acuerdo con un sistema que es perjudicial para el país", ha añadido. 

Según ha planteado, "esto no va solo de financiación": "Esto va, sobre todo, de garantizar los servicios públicos en igualdad de condiciones en toda España, y eso es lo que pone en peligro Pedro Sánchez para intentar pagar los peajes a los partidos independentistas".

La insularidad, en el punto de mira de la sanidad balear y canaria

Desde el Govern de les Illes Balears están "dispuestos a negociar un nuevo sistema", tal y como lo ha confirmado el vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa. En su caso, ha afeado que la ponderación de la insularidad pase de 0,6 a 0,5. 

"Nos dicen que con el nuevo sistema tendríamos 400 millones más, pero si hubieran tenido en cuenta las reclamaciones que hacemos desde Baleares, estaríamos hablando de una mejora de cientos de millones más", ha sentenciado. 

Quien también se ha quejado de la reducción de la insularidad ha sido la consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea de Canarias, Matilde Asián. "Queremos tener el mismo trato que tiene cualquier otro ciudadano del resto del territorio nacional", ha demandado.

Según ha afirmado, de los 20.975 millones de euros, 611 se destinarían a Canarias. Una cifra "insuficiente" para el archipiélago. 

En este sentido, el conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública de la Comunitat Valenciana, José Antonio Rovira, ha afirmado que el Consejo de este miércoles era "para que Montero se hiciera la foto con todas las comunidades". "Tenemos una deuda muy elevada por culpa de la infrafinanciación", ha puesto encima de la mesa.

La negociación continuará, aunque el texto definitivo todavía tendrá que pasar por el Congreso de los Diputados. De hecho, Montero ha asegurado este mismo miércoles que espera que se apruebe.