Comunidades con esta jornada revelan cuáles son los costes económicos y en recursos humanos para hacerla posible

La sanidad con 35 horas ofrece la 'receta' para implantarlas en todo el SNS
Profesionales sanitarios en una operación.


11 oct. 2022 17:30H
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POR JESÚS MEDIAVILLA
Las comunidades autónomas que han implementado la jornada de 35 horas marcan el camino a aquellos territorios que mantienen el horario de 37,5 horas y que alegan dificultades, especialmente económicas, para su puesta en marcha y así hacerla extensible a todo el Sistema Nacional de Salud (SNS). Fuentes autonómicas consultadas por Redacción Médica detallan cuál es el impacto en costes y en recursos humanos de su implantación.

En primera instancia, el impacto a nivel económico atribuido por aquellas comunidades con la jornada de 35 en sanidad es mínimo. En el caso de Castilla-La Mancha, no llega a suponer ni siquiera un 1 por ciento del presupuesto global destinado a la sanidad. Y es que en esta región el coste es de tan solo 15 millones de euros. Desde su implantación, esta cantidad ha ascendido hasta un montante actual de 60 millones. 


Un 15% de gasto más en personal


Para hacernos una idea de la magnitud, el presupuesto destinado a sanidad creció en 2022 respecto al año anterior un 22 por ciento, o lo que es lo mismo, un 674 millones, lo que sitúa la cifra total en 3.659 millones de euros. Del total, 100 millones se destinan al pago de las nóminas del personal sanitario, por lo que la recuperación de la jornada de 35 horas supondrá un 15 por ciento de los gastos en este capítulo.

En cuanto a los recursos humanos, la vuelta a las 35 horas sí que tiene un impacto relevante en las plantillas. Así, en Andalucía este regreso a la jornada habitual ha implicado un aumento de 30.000 profesionales más que 2018, con lo que actualmente la plantilla del Sistema Sanitario Público se sitúa en 125.000 personas. Esto es un 24 por ciento más en cinco años desde que se recuperó este horario. O lo que es lo mismo, un aumento de la plantilla de casi un 5 por ciento anual. Todo ello, según la Consejería de Salud, asegurando “unas adecuadas condiciones laborales”.

Por su parte, y justo coincidiendo con el año de inicio de la pandemia del Covid-19, las Islas Canarias aprobaron la jornada de 35 horas para todo el personal adscrito al Servicio Canario de la Salud (SCS). Su puesta en marcha implicó la contratación de alrededor de 750 profesionales, lo que conllevará una inversión de tan solo 30 millones de euros anuales para hacer frente a la reestructuración en las plantillas que supondrá esta nueva normativa, una parte ínfima habida cuenta de que el último presupuesto de la sanidad canaria ha sido de 3.461,3 millones de euros.

En el caso de Cantabria, el mayor esfuerzo que supuso la vuelta a la jornada de 35 horas tuvo que ver con la adecuación de plantillas. De hecho, cuando se puso en marcha en 2020, se crearon un total de 44 plazas vacantes de diferentes categorías sanitarias vinculadas al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Mientras, en la comunidad vecina, en País Vasco, la recuperación de la jornada de 35 horas tuvo un impacto de tan solo 8,7 millones de euros en las arcas públicas, en comparación al presupuesto sanitario, que oscila los 4.352 millones de euros. Además, supuso la creación de 820 puestos de trabajo.


Baleares, la última CCAA en recuperar las 35 horas


En esta misma línea se ha expresado recientemente la presidenta del Govern de Baleares, Francina Armengol, quien anunció que el Ejecutivo autonómico reducirá la jornada laboral a 35 horas semanales a los sanitarios del archipiélago.

La presidenta ha detallado que esta medida supone "destinar 11 millones de euros y beneficiará a 19.000 médicos, profesionales de enfermería, auxiliares, técnicos, celadores, administrativos y otros servicios sanitarios".

"Nuestra plantilla sanitaria es la única que todavía no tiene adecuada su jornada laboral, como la del resto de funcionarios autonómicos", ha indicado Armengol durante el Debate de Política General, que tiene lugar este martes y este miércoles en el Parlament, el último de una legislatura marcada por la pandemia y por los efectos de la guerra en Ucrania.

Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, País Vasco, La Rioja, Navarra y ahora también las Islas Baleares han dado el paso al frente y apostado de nuevo por la jornada de 35 horas después de que en 2011, y debido a la crisis económica, el Gobierno decidiera establecer un calendario laboral de 37,5 horas.




Las 35 horas no llegan a suponer ni siquiera un 1 por ciento del presupuesto autonómico destinado a la sanidad


La sanidad sin 35 horas se ve "incapaz" sin el apoyo de Hacienda


Las comunidades autónomas que aún no han implantado las 35 horas en sus sistemas sanitarios alertan de la falta de “medios económicos” para poder hacerlo en estos momentos. Un mensaje que llega tras la propuesta del Gobierno central de implementar la jornada de 35 horas en la Administración General del Estado con la posibilidad de que las autonomías, en las que aún no están establecidas, también lo hagan. Según ha podido saber Redacción Médica, varias autonomías ya expresan su preocupación ante la posibilidad de fijar las 35 horas en sanidad, dado que consideran que con la actual situación económica es “imposible de hacer” a día de hoy.

En plena guerra fiscal por bajar impuestos, el Ejecutivo propondrá a los sindicatos una revalorización de los salarios públicos del 3,5 por ciento, si bien su intención es alcanzar un acuerdo con las centrales para repartir a varios años el coste de una inflación que continúa desbocada. Fuentes autonómicas admiten que desde Moncloa “nadie se han puesto en contacto con nosotros” para pactar esta subida que afectaría a los profesionales sanitarios de la sanidad pública.


No se descarta la vía judicial


De hecho, la negociación entre Gobierno y sindicatos acerca de la revalorización de los salarios públicos ha reabierto también el debate sobre la jornada de 35 horas en sanidad, una vieja reivindicación del sector que, sobre el papel, pueden materializar aquellas comunidades autónomas que cumplan con sus objetivos de déficit. Pero la realidad es que solo un puñado de territorios han dado pasos reales hacia la implantación de este nuevo modelo de trabajo.

“A nivel estatal solo podemos pedir que se cumpla la normativa, pero los acuerdos deben hacerse con las administraciones autonómicas”, explica Tomás Toranzo, presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), quien no descarta, en un escenario extremo, acudir a los tribunales “por una cuestión de justicia”.
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