La atención hospitalaria concentra casi 60.000 millones de gasto público

La sanidad acostumbra a suponer un importante gasto en el presupuesto familiar en buena parte del mundo. No es el caso de España, donde el carácter universal de la cobertura del proceso asistencial en el ámbito público hace que la inversión sea menor en la mayoría de hogares, salvo que paguen algún tipo de póliza para la atención sanitaria privada. De esta forma, Estado y Comunidades Autónomas se convierten en responsables de este consumo. En total, destinan más de 97.000 millones de euros al bienestar físico y emocional de la ciudadanía.

Según la última edición de la Estadística de Gasto Sanitario Público -relativa al ejercicio de 2023-, la mayor cuantía se dedica a los servicios hospitalarios y especializados, que absorben casi 60.000 millones de euros. Por su parte, los servicios primarios de salud requieren de más de 13.900 millones de euros, mientras que el esfuerzo se reduce en el caso de los servicios de salud pública, con 1.700 millones, y los servicios colectivos de salud, con 2.600 millones.

No obstante, el gasto institucional no solo va destinado al propio Sistema Nacional de Salud (SNS). Una parte se emplea para la financiación del consumo de productos farmacéuticos, en concreto, cerca de 14.000 millones de euros para la cobertura de las recetas. Asimismo, se invierten 1.700 millones en traslados, prótesis y aparatos terapéuticos, con lo que se completa la financiación pública de la atención al paciente en sus distintas vertientes.

Prestaciones en alza con la edad

Por otro lado, un informe de la Fundación Mapfre destaca que el paso del tiempo incide en la distribución de las prestaciones públicas en especie. En este sentido, el empleo de los recursos sanitarios avanza con el incremento de la edad. Si bien existe un pico durante los primeros años de vida de la persona, la utilización de los servicios del SNS o la red de Farmacia Comunitaria se mantiene baja hasta los 65 años. A partir de ahí, el ascenso durante la vejez convierte la atención sanitaria en el ámbito que requiere más inversión por persona, hasta casi suponer el total de las prestaciones dadas por el espectro público.

Un comportamiento que nada tiene que ver con la otra gran aportación pública: la educación. En su caso, desde los tres hasta los 35 años concentra el gasto por persona. Superada esta franja etaria, la prestación es mínima por persona.

El envejecimiento progresivo de la población en España, el menor número de nacimientos y el aumento de la esperanza de vida provocan que la brecha entre el uso de los servicios educativos y sanitarios se ensanche. En este sentido, se espera un previsible aumento del consumo en el ámbito de la salud, a raíz del engrosamiento de los pacientes crónicos y pluripatológicos.