IU recurrirá ante Sanidad el copago hospitalario

Redacción. Madrid
El portavoz de Sanidad de la Izquierda Plural (IP) en el Congreso, Gaspar Llamazares, ha anunciado su intención de presentar un recurso en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, contra el copago de medicamentos de dispensación hospitalaria ambulatoria.

Gaspar Llamazares, portavoz de Sanidad de Izquierda Plural.

Desde IP han explicado a Redacción Médica que tras este primer recurso, el Ministerio dispone de un mes para contestar, y que en caso de que no realice notificación alguna o que desestime el recurso, el grupo parlamentario volvería a insistir con un segundo documento. Si este tampoco fructifica en la reconsideración del copago hospitalario por parte de Sanidad, sería el momento de acudir a la vía judicial y presentar un recurso contencioso-administrativo.

Necesidad de estudiar el impacto en la salud

Llamazares considera que esta medida nueva medida "recaudatoria" puesta en marcha por la cartera que dirige Ana Mato no obedece ni a objetivos de disuasión de abuso de medicamentos, ni de aumento de ingresos, como sí argumentaba el ministerio en el resto de copagos puestos en marcha. "El Gobierno no ha aclarado si éste se va a sumar al copago anterior y si se le va a aplicar el tope de renta. Además, el Ministerio no ha abierto un periodo de consultas antes de aplicarlo, ni ha hecho un estudio de impacto sobre la salud, que es obligatorio para llevarla a cabo", ha criticado Llamazares. Con ello, ha recordado la rebelión de las comunidades autónomas frente a esta "medida arbitraria, sádica, y que se ensaña con los más débiles".

El Cermi se suma a los recursos

Por otro lado, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha interpuesto este martes 2 de octubre un recurso de alzada contra el copago de medicamentos hospitalarios, al mismo tiempo que solicita que se declare nula de pleno derecho. Según la institución, esta aportación del usuario con discapacidad vulnera directamente el derecho a la salud que recoge la Convención de la ONU, ratificada por España, ya que las personas con discapacidad tienen un gasto familiar o personal “muy superior”, que está asociado a la propia discapacidad, por lo que se encuentran en una situación de discriminación y desventajas sociales.

Para el Cermi, con la aprobación de la resolución que ha puesto en marcha la medida, se está produciendo “un grave quebranto en los derechos de las personas con discapacidad y sus familias”, ya que vulnera el tratado internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. Además, considera que la decisión ministerial “no explicita con claridad y de forma indubitable que se respete la disposición normativa que establece la exención de abono de aportación por el consumo de especialidades farmacéuticas, de la que gozan los beneficiarios del sistema de prestaciones sociales y económicas para personas con discapacidad”, por lo que también vulnera la Ley de Integración Social de Personas con Discapacidad (LISMI).