Redacción Médica
22 de julio de 2018 | Actualizado: Domingo a las 19:30
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Hacienda castigará a dos CCAA por pagar tarde a sus proveedores

La Ley de morosidad prevé esta medida para aquellas regiones que se demoren más de 60 días en pagar a sus proveedores

El consejero de Sanidad de Aragón, Sebastián Celaya; el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro y el consejero de Sanidad extremeño, José María Vergeles.
Hacienda castigará a dos CCAA por pagar tarde a sus proveedores
Miércoles, 06 de abril de 2016, a las 13:10
El Ministerio de Hacienda quiere poner coto a la morosidad en los pagos y castigará a Aragón y Extremadura por tardar demasiado en pagar a los empresarios y autónomos que realizan trabajos para su sector público, dentro del cual, la Sanidad ocupa un lugar preeminente. Ambas comunidades autónomas verán como el Estado retiene parte de los créditos que anualmente les transfiere.

La aprobación, en 2012, de la Ley de pago a proveedores, que establecía un plazo máximo de dos meses para abonar las facturas, no ha servido para que todas las comunidades aligeren el cajón de los recibos pendientes. Aragón y Extremadura tienen una tasa de mora de las más altas pero no son ni de lejos las únicas en incumplir la Ley.

Junto con la Comunidad Valenciana forman un trío de pagadores especialmente lentos: más de ochenta días de media. Sin embargo, el departamento de Cristóbal Montoro ha remitido otras cartas de advertencia por el incumplimiento en el plazo de pago a proveedores a Baleares, Andalucía, Cataluña, Madrid, Murcia, Castilla y León, Cantabria, Galicia y Asturias. En el caso de Valencia, la advertencia ha llegado ya dos veces y podría ser la próxima región en ver sus fondos retenidos.

Con esta medida, el departamento que encabeza Cristóbal Montoro aplica uno de los puntos más expeditivos que contemplaba la Ley de morosidad: Retendrá el dinero de las comunidades autónomas para pagar directamente en tiempo y forma a los proveedores.

En el caso del sector sanitario la medida tiene una doble vertiente: alivia a las empresas privadas que prestan servicios a la Sanidad pública y que reiteradamente veían pospuestos sus pagos. Por otra parte, parte de las inversiones presupuestadas pueden verse comprometidas.

Desde la Junta de Extremadura se ha pedido que no se ejecute la medida. La consejera de Hacienda confía en que la Administración central no procederá al embargo cuando conozca el Plan de Ajuste que el Gobierno autonómico ha enviado al ministerio.