La ministra de Igualdad, Irene Montero.
El Gobierno ha plasmado en el anteproyecto de la
Ley del Aborto su intención de instruir a los profesionales de la salud en materia de
derechos sexuales y reproductivos. Según han indicado fuentes del Ministerio de Igualdad, el objetivo es que los sanitarios dispongan de una
“formación continuada” a lo largo de su carrera para que adquieran “los conocimientos más avanzados” en torno a la práctica clínica de la interrupción del embarazo.
La formación de los sanitarios tendrá apartado propio en la futura
Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que este martes ha recibido el aval del Consejo de Ministros. De esta forma, el Gobierno otorgará un carácter preferente a la instrucción de los profesionales de la salud, que se abordará “con
perspectiva de derechos humanos, interseccional y de género”.
Desde el área que dirige Irene Montero indican que este proceso supondrá la incorporación de los derechos sexuales y reproductivos en los programas curriculares de las
carreras relacionadas con la medicina y las ciencias de la salud, así como “la formación específica” de profesionales en salud sexual y reproductiva “incluyendo los conocimientos más avanzados y la práctica clínica respecto de la interrupción voluntaria del embarazo”.
El objetivo es incorporar la salud sexual en los
programas de formación continuada a lo largo del desempeño de la carrera profesional en las áreas de salud.
Por otro lado, el Ejecutivo impulsará la investigación en materia de salud, derechos sexuales y reproductivos a través de
políticas públicas con enfoque de género a fin de obtener “una información científica mejor y más amplia”.
Durante un ‘briefing’ informativo, desde el departamento de Montero han señalado que la formación continuada de los profesionales sanitarios y el apoyo a la investigación dispondrá de una partida cercana a los 7,5 millones de euros, mientras que el conjunto de la norma
tendrá asociada una partida de 104 millones.
Estrategia de Salud Sexual
No son estas las únicas novedades que incorporará la norma, que retomará la puesta en marcha de una
Estrategia Estatal de Salud Sexual y Reproductiva. Un plan que recogerá los objetivos previstos en la Ley del Aborto y que deberá ser aprobada por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
La elaboración de dicha estrategia será responsabilidad del Ministerio de Sanidad, cuyo plan tendrá una
duración de cinco años renovables por cinco más “y establecerá los mecanismos de evaluación internos y externos de la consecución de sus objetivos”.
El seguimiento periódico de esta estrategia, así como la evaluación externa (que será bienal) estarán a cargo de una comisión especial destinada expresamente a esta labor. Dicho órgano estará formado por representantes del
Comité Técnico y del Comité Institucional de la Estrategia Estatal de Salud Sexual y Reproductiva.
Las informaciones publicadas en Redacción Médica contienen afirmaciones, datos y declaraciones procedentes de instituciones oficiales y profesionales sanitarios. No obstante, ante cualquier duda relacionada con su salud, consulte con su especialista sanitario correspondiente.
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