El paciente responde con "más flexibilidad laboral" al debate de las bajas

Más de 1,2 millones de personas se encontraban de baja por enfermedad común, dentro del régimen Incapacidad Temporal (IT), en marzo de 2026. Esos son los datos del Ministerio de Seguridad Social. Eso sí, cabe recordar que en este grupo se incluyen tanto quienes se recuperan de una amigdalitis como quienes atraviesan un periodo de rehabilitación tras una intervención quirúrgica, además de pacientes en tratamiento oncológico o personas con enfermedades crónicas que, en determinadas momentos, no pueden desempeñar su actividad laboral.  A día de hoy, son los problemas de salud mental y los trastornos digestivos los que concentran el mayor número de bajas laborales, con cerca del 10 por ciento del total.

Estas cifras, y el coste que suponen para las arcas públicas, situaron el debate sobre la incapacidad temporal en el centro de la agenda política. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, vinculó las bajas médicas con el absentismo y llegó a calificar este último como un "cáncer que no podemos pagar". Posteriormente, el PP matizó sus declaraciones y explicó que  a lo que se refería su presidente era exclusivamente a los casos de fraude en las bajas laborales. Es decir, a aquellas situaciones en las que no existe una enfermedad real. Es en esos supuestos donde el PP considera que no resulta adecuado que una persona perciba el 100 por cien de su salario. 

La integración de los pacientes crónicos, la cuenta pendiente del mercado laboral

No obstante, los populares también cambiaron su propuesta política. De pedir el  recorte de las prestaciones para quienes percibieran el 100 por cien del salario de forma fraudulenta, pasaron a plantear una mejora de los incentivos a las plantillas para reducir las elevadas cifras de ausencias al trabajo. Pero, más allá del debate político, en el fondo de la cuestión  hay un agente clave: los pacientes. Por ello, Redacción Médica ha hablado con dos de sus representantes. Carina Escobar, presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) , denuncia la estigmatización a la que se les ha sometido  durante esta  última semana. "La realidad es que, cuando una persona enferma, uno de sus mayores temores es perder el trabajo. En muchas ocasiones, incluso teniendo una cita o una prueba médica, prefiere utilizar días de vacaciones para no ausentarse de su puesto", afirma.

Asimismo, lamenta la falta de medidas que faciliten una integración o adaptación laboral digna para las personas con enfermedades crónicas. "No poder trabajar genera frustración. El trabajo aporta integración social. La enfermedad hace que me quede en casa, que socialice menos, que me aísle más y que me sitúe en una posición de desigualdad con respecto a mis compañeros”, explica. Ella insiste en que lo que la gente quiere es trabajar. “Ojalá existieran más medidas para las personas que estamos enfermas y pudiéramos contar con la flexibilidad laboral suficiente, así como con empresas que tuvieran la motivación necesaria para facilitar esa adaptación" , añade. “Hay que poner cifras al impacto que tienen las enfermedades crónicas, del mismo modo que se cuantifica el coste salarial. Es necesario buscar ayudas que faciliten a los empleadores comprender esta realidad y favorezcan una incorporación y una flexibilización laboral más adecuadas", reclama.

La baja laboral, una decisión del médico

Por su parte, la directora del Foro Español de Pacientes (FEP), Raquel Sánchez, matiza que no les corresponde valorar la propuesta de la oposición. "Lo que nos encantaría es, por supuesto, conocer las propuestas que tiene el Gobierno para solucionar este problema", recalca. En este sentido, Sánchez asegura que la posición del FEP será siempre defender que el paciente reciba la mejor atención y los cuidados que necesite en cada momento. "Esa decisión le corresponde al médico, no a ninguna empresa", insiste.

Pero Sánchez también subraya la importancia de responder a las necesidades del sistema. "Necesitamos un sistema sanitario que funcione con una calidad cada vez mayor, sin listas de espera y con las máximas garantías de seguridad", afirma. Por ello, su petición al Gobierno y a los grupos parlamentarios es clara: garantizar el buen funcionamiento del sistema sanitario. "Queremos una mejor calidad asistencial, una mejor calidad laboral y una mejor calidad de vida", concluye.