El paciente exige menos barreras administrativas para desplazarse

Los criterios economicistas nos deben afectar ni al ciudadano, ni a su familia

9 feb. 2015 12:00H
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Redacción. Imagen: Miguel Fernández de Vega. Salamanca
La realidad del Sistema Nacional de Salud en la atención sanitaria de zonas limítrofes o en la prestación de servicios de referencia ha sido analizada dentro del marco del VI Encuentro de Parlamentarios de Sanidad, que se ha celebrado en Salamanca. Ana María Sánchez, exdirectora general de Cohesión del SNS y Alta Inspección del Ministerio de Sanidad, ha sido la encargada de moderar la mesa y ha expuesto que durante el tiempo que Ana Pastor estuvo al frente de esta cartera, uno de los objetivos que se marcaron fue que no hubiera grandes diferencias entre las comunidades, que la asistencia fuera similar y que el ciudadano pudiera decidir.

Carmelo Barrio, presidente de la Comisión de Sanidad y Consumo del Parlamento Vasco; Jon Aiartza, diputado del Grupo Nacionalista Vasco; Ana María Sánchez, exdirectora general de Cohesión del SNS y Alta Inspección del Ministerio de Sanidad; Caridad García, portavoz de Sanidad de Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid; José Vicente González, vicepresidente segundo de la Comisión de Sanidad del Senado; y Jerónimo García Bermejo, vicepresidente de la Comisión de Sanidad de Castilla y León.

Planteada la cuestión de si sería conveniente de que los hospitales cobraran directamente a los centros de origen por los servicios prestados a pacientes desplazados, José Vicente González, vicepresidente segundo de la Comisión de Sanidad del Senado, no se ha mostrado partidario de esta medida, ya que a su juicio “que un hospital facture directamente es complicado, desde el punto de vista de la gestión”. En el mismo sentido se ha manifestado Jerónimo García Bermejo, vicepresidente de la Comisión de Sanidad de Castilla y León, ya que “supondría un riesgo a la equidad del sistema y aumentaría el sistema competencial que han generado las autonomías”.

Ana María Sánchez, exdirectora general de Cohesión del SNS y Alta Inspección del Ministerio de Sanidad.
Caridad García, portavoz de Sanidad de Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid, ha comentado que “la capacidad de decidir de los ciudadanos en Madrid no es cierta, solo puede hacerlo para adelantar una intervención, ya que si se la realiza en el ámbito privado se le adelanta la espera”. Por su parte, Carmelo Barrio, presidente de la Comisión de Sanidad y Consumo del Parlamento Vasco, ha incidido en que la colaboración es esencial “para los fondos, la gestión y la responsabilidad”. Además, ha añadido que “en los últimos años se ha avanzado para sentar las bases del paciente desplazado a una zona limítrofe, despejando las incertidumbres y encaminándose a la corresponsabilidad”. Jon Aiartza, diputado del Grupo Nacionalista Vasco, ha asegurado que “se han optimizado los recursos y se ha avanzado con responsabilidad”, como ha señalado Barros  con anterioridad.

En este punto, la moderadora ha manifestado que “la atención en zonas limítrofes no es un desarrollo costoso, pero sí lo son aquellas patologías que precisan de un servicio de referencia de otra comunidad, porque los presupuestos son ajustados”. Sobre este asunto, González ha incidido en que “los traslados a puntos de referencia, marcados por criterios economicistas nos deben afectar ni al ciudadano, ni a su familia”. Sánchez ha concluido que “no se han introducido medidas de sostenibilidad para que el paciente pueda trasladarse sin barreras administrativas”.

José María Pino, presidente de Sanitaria 2000; Mario Mingo, presidente de la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados; y Joaquín Estévez, presidente de Sedida. A la derecha, Jesús Aguirre, portavoz de Sanidad del Grupo Popular en el Senado; Mercedes Alfaro, subdirectora general de Información Sanitaria e Innovación del Ministerio de Sanidad; y Conxita Tarruella, portavoz de Sanidad y Servicios Sociales de CiU en el Congreso de los Diputados.

Manuel Gómez Benito, presidente del Colegio de Médicos de Salamanca; y Óscar López, director de publicaciones de Sanitaria 2000. A la derecha, Teresa Angulo, portavoz del PP en la Comisión de Sanidad del Congreso; y Carlos Macaya, presidente de la Federación de Asociaciones Científico-Técnicas de España (Facme).

José Vicente González, vicepresidente segundo de la Comisión de Sanidad del Senado; Encarnación Llinares, portavoz de Sanidad y Servicios Sociales del PSOE en el Senado; Julián García Vargas, exministro de Sanidad; y Gracia Fernández Moya, diputada del PSOE por Almería.

Vicente Valero, portavoz de Igualdad, Salud y Políticas Sociales del Parlamento de Andalucía; Txaro Sarasua, parlamentaria del Grupo Socialista del País Vasco; y José María Alonso, secretario primero de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso. A la derecha, Rubén Moreno, secretario general de Sanidad y Consumo del Ministerio de Sanidad; Conxita Tarruella, portavoz de Sanidad y Servicios Sociales de CiU en el Congreso de los Diputados; y Mario Mingo, presidente de la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados.

Txaro Sarasua, parlamentaria del Grupo Socialista del País Vasco; Carmelo Barrio, presidente de la Comisión de Sanidad del País Vasco; Laura Garrido, parlamentaria del Grupo Popular de la cámara vasca; Jon Aiartza, diputado del Grupo Nacionalista Vasco; Eva Blanco, vocal de la Comisión de Sanidad vasca.

El senador Pedro Manuel Hernández; y y Elvira Velasco, exsenadora y directora de Enfermería del Complejo Asistencial de Salamanca. A la derecha, Óscar López, director de publicaciones de Sanitaria 2000; Pilar Bartolomé, secretaria de Salud Laboral de CESM; y Serafín Romero, vicepresidente de la OMC.

Fernanda Ávila, del Grupo Mixto-Agrupación de Regionalista de Extremadura; Felisa Cepeda, presidenta de la Comisión de Salud y Política Sociosanitaria de Extremadura; y Ricardo López, director general de Sanitaria 2000. A la derecha, Joaquín Estévez, presidente de Sedisa y Conxita Tarruella, portavoz de Sanidad y Servicios Sociales de CiU en el Congreso de los Diputados.

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