El gasto sanitario autonómico supera un 10% el patrón presupuestario ideal

Mientras el 'grupo de expertos' designado para la elaboración de un nuevo sistema de financiación ha terminado su primera reunión sin abordar el tema sanitario, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha presentado su informe con propuestas en base a las necesidades de gasto regionales. En concreto, señalan una necesidad de variación en sanidad del 9,79 por ciento según las necesidades de las Comunidades Autónomas y su gasto por habitante real. 

Según los datos, recogidos con los presupuestos disponibles de todas las Comunidades Autónomas de 2012, el gasto bruto en sanidad ascendió a 59.511 millones de euros, mientras que la financiación específica -que aglutina tres partidas de transferencias estatales y de la Unión Europea- fue de 775 millones. El gasto neto, por su parte, ascendió a 58.736 millones de euros, de manera que el peso sanitario en el gasto total fue del 49,47 por ciento. 

El gasto sanitario, en concreto, se mide en base a lo que se llama población protegida equivalente, que se calcula ponderando la población protegida por el Sistema Nacional de Salud (SNS) dividida en siete tramos de edad, en proporción al nivel relativo de gasto sanitario per cápita de cada tramo. 

Gasto observado superior

Así, en el sistema actual, un 38 por ciento del gasto regional debería destinarse a la población protegida equivalente como indicador de sanidad. Sin embargo, el peso del gasto observado en esta partida es del 49 por ciento, de manera que los expertos plantean una nueva propuesta de ponderación del 47,49 por ciento, una variación cercana al 10 por ciento en los presupuestos para sanidad. 

En concreto, las comunidades con mayor población protegida equivalente serían Asturias (7,6), Galicia (5,8) y Castilla y León (5,8), mientras que el mayor gasto medio por habitante lo ostentan Castilla y León (8,9), Galicia 87,8), Aragón y Extremadura (6,9). "Los criterios que generan mayores disparidades son el nivel de envejecimiento de la población y la insularidad", aprecia Fedea.  

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La nueva distribución reduciría el presupuesto de servicios sociales generales pero aumentaría el de sanidad y educación

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"Como cabría esperar, las dos competencias con mayor peso en los presupuestos regionales son la sanidad (que representa el 49 por ciento del gasto neto de financiación específica) y la educación (con algo más del 26 por ciento). En consecuencia, el peso asignado a estas partidas dentro del sistema de financiación actual (un 38 por ciento y un 20,5 por ciento respectivamente) resulta seguramente demasiado bajo, mientras que el peso atribuido a los servicios generales que van ligados al tamaño de la población (actualmente del 30 por ciento) sería escesivo", apunta el informe. 

Esta nueva distribución supondría una reducción del presupuesto destinado a gastos de servicios sociales generales mientras que sanidad y educación verían aumentado el suyo, ya que son precisamente las dos partidas con mayor peso. Se trata, en definitiva, de adecuar las ponderaciones de los indicadores de necesidades de gasto al patrón observado de gasto regional. 

Sin embargo, los expertos advierten de que los cambios en el indicador de necesidades totales de gasto por habitante son generalmente muy menores debido a que las variaciones de las distintas ponderaciones tienden a compensarse entre sí. 

Conclusiones matizadas

A lo largo de las 53 páginas de su informe, la fundación explica cómo podrían modificarse los indicadores fijados para medir las necesidades de gasto para que todas las regiones tengan un correcto acceso a los servicios. Los cambios propuestos suponen ligar las ponderaciones de las variables de reparto al patrón real de gasto autonómico, incluir nuevos indicadores de necesidades no recogidos, desdoblar otros ya existentes o introducir correcciones por niveles regionales de precio y de renta. 

En este sentido, recuerda que el procedimiento que se usa en España para cuantificar las necesidades de gasto es un término medio según su grado de complejidad en relación a los que se usan en otros países descentralizados, y que el sistema actual tiene la ventaja de que fue aceptado por todas las Comunidades Autónomas, de manera que las propuestas que se establecen en el informe están condicionadas en parte por su "factibilidad política y no sólo por criterios técnicos". 

Además, la desventaja de utilizar los datos presupuestarios estaría, según aclaran, en que en sanidad se podrían distorsionar por el patrón de deudas con proveedores, ya que no siempre están asignados estos datos al ejercicio en que se efectúa el gasto. Además, se plantean dudas sobre los datos obtenidos en las islas, y sobre la referencia a la población protegida, mencionando a los extranjeros que en principio no tienen derecho de acceso a la sanidad. Por contra, recoge la atención recibida por extranjeros en zonas turísticas, pero se limita a advertir de que antes de proponer una reforma se debe analizar si los mecanismos de facturación de los lugares de origen funcionan adecuadamente.